Escazú, un paso hacia la democracia ambiental

El Acuerdo de Escazú fue aprobado en tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, por lo que solo faltaría una discusión en esa plenaria para ser ratificado. El también denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” está llamado a ser uno de los instrumentos principales de la democracia ambiental.  

Es importante recordar que se trató de una de las reivindicaciones de las protestas de noviembre de 2019, en las que finalmente se logró la firma de Iván Duque. Sin embargo, el Gobierno no hizo mayores esfuerzos por tramitar en el Congreso su ratificación. Esto se explica en buena medida por la férrea oposición de algunos sectores del Centro Democrático que ven en Escazú, una amenaza a la soberanía y una señal de hostilidad hacia la inversión extranjera y privada.  

Ahora bien, buena parte de estas críticas están basadas en interpretaciones sesgadas sobre la vocación de Escazú y en ideas con poco sustento en la realidad. El acuerdo no prevé, de ninguna manera, imposiciones sobre las decisiones que tome Colombia en materia ambiental o de desarrollo, no cambia las reglas de juego respecto de la inversión extranjera, ni supone un poder desmedido para comunidades que haga inviables proyectos de extracción. 

En realidad, el Acuerdo de Escazú abre espacios de discusión, obliga a mayor transparencia en la información sobre toma de decisiones que tengan impacto ambiental, dispone de espacios para la resolución de conflictos ambientales – Colombia es el quinto país del mundo con mayores conflictos de este tipo - y contempla una protección más efectiva de líderes o activistas ambientales. 

En este último punto, cabe resaltar que, en 2020, Colombia fue el país con mayor número de asesinatos de líderes ambientalistas en el mundo, con una tercera parte del total de esos homicidios (65). Nos ubicamos lejos de quienes nos seguían, México y Brasil, el primero ratificante, y el segundo a pesar de que lo firmó, no lo ha aprobado en el Congreso, en buena medida por la oposición de Jair Bolsonaro.   

La oposición en Colombia ha insistido en que el Acuerdo es una imposición del exterior, evocando las ideas “globalistas” que pretenden atentar contra la economía de mercado y la iniciativa empresarial. Sin embargo, Escazú fue negociado enteramente por los Estados latinoamericanos, sin participación de ninguna potencia extraregional. Es más, el propio gobierno colombiano entre 2012 y 2018 participó de diálogos que condujeron a un texto final, por lo cual su contenido se ha adaptado a buena parte de las necesidades propias de cada país.

Como lo plantearon algunos de los mandatarios de América Latina en la sesión inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas, varios de estos países son extremadamente vulnerables al cambio climático, a pesar de que su contribución a la huella de carbón está lejos de ser representativa. Por eso el tema ambiental que tradicionalmente no ha hecho parte de la agenda regional empieza a aparecer con fuerza. 

Si bien hoy se asocia este ambientalismo con los gobiernos de izquierda o progresistas, no siempre fue así. Vale recordar que a comienzos de siglo cuando la zona giraba hacia la izquierda con Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa y Evo Morales, entre otros, el tema ambiental no fue necesariamente privilegiado dentro de la regionalización. La mayoría de estos siguió modelos extractivistas que, en buena medida aprovecharon la renta petrolera con precios elevados, lo que les permitió poner en marcha un modelo de redistribución y en el caso venezolano una diplomacia influyente en el Caribe.

Pero en realidad, han sido los nuevos gobiernos -algunos de centro- los que han liderado este proceso. Por eso resulta lógico que dentro de Escazú no aparezca Venezuela y gobiernos de derecha lo hayan firmado como en los casos de Ecuador (Lenín Moreno), México (Enrique Peña Nieto) y Perú (Pedro Pablo Kuczynski), aunque este último no lo ha ratificado. Esto confirma que Escazú está lejos de representar un ideal exclusivo de la izquierda.

Desde la década de los 90, Colombia se ha esmerado por defender la democracia ambiental incluyendo en la Constitución el derecho a un ambiente sano y garantizando la participación de la comunidad en decisiones que puedan afectarlo (artículo 79). A su vez, se ha reconocido una “función ecológica” de la propiedad (artículo 58) que, para nada ha reñido con la propiedad privada, ni ha espantado la inversión privada o extranjera. 

Esto se complementó con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, y la transversalización del tema, cada vez más incidente en la democracia colombiana. Por eso Escazú, más que una imposición, es el punto de llegada lógico de un proceso largo que confirma que los asuntos ambientales son relevantes e ineludibles.

@mauricio181212
Profesor de la Universidad del Rosario