La conjura contra la Policía Nacional

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La CIDH presentó en días pasados el informe correspondiente a la visita que realizó al país en junio de 2021, el cual hace graves señalamientos al Estado colombiano que van desde violaciones a los derechos humanos, obstáculos para la garantía de la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género y en discriminación étnico racial, hasta la violencia contra periodistas, entre muchos aspectos que toca el informe, algunos de los cuales no guardan relación con lo que se suponía era el objeto de la visita. La Comisión llega al extremo de sugerir, contra toda evidencia, que hubo ataques de la fuerza pública contra misiones médicas y obstrucción por parte de ella al paso de ambulancias, poniendo en riesgo la vida del personal de salud.

El informe parece dar crédito a las denuncias formuladas contra la fuerza pública, por el solo hecho de ser recibidas por la Comisión. Se echan de menos en aquel, la cita de fuentes, un mínimo esfuerzo de verificación de los hechos y palabras de aliento para los 1253 policías lesionados. En él, denuncia recibida equivale a condena, sin importar quién o cómo se formula. Los colombianos, que padecimos la protesta y fuimos testigos y víctimas de ella, recibimos con total sorpresa ese informe, al que no le podemos dar credibilidad y llegó la hora de pensar en retirarse de la CIDH.

Llaman la atención ciertas recomendaciones que hace la Comisión sobre el manejo del Estado, dentro de las cuales ocupan papel preponderante las relativas a lo que llama derecho a la protesta social y uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, que van desde la necesidad de una ley estatutaria sobre la protesta -que ya el gobierno nacional se apresuró a anunciar-, la prohibición del uso de la fuerza letal y la separación de la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa. No repara el Informe, por ejemplo, que por mandato constitucional la Policía Nacional es cuerpo armado de naturaleza civil y que la Asamblea Constituyente de 1991, luego de honda deliberación, resolvió mantenerla dentro de la estructura del Ministerio de Defensa.

No puede existir temor reverencial a la hora de analizar estas recomendaciones de la CIDH. Nuestros gobernantes no pueden actuar como marionetas de los organismos internacionales, prestos a cumplir recomendaciones que no son vinculantes, fruto de informes sesgados que parecen mirar solo una cara de la moneda. Las autoridades democráticamente elegidas deben dar muestras creíbles de su autonomía e independencia, hacerse respetar y dar prelación a las necesidades de la sociedad, requerida de protección frente a desmanes y vandalismo que rayan en el terrorismo.

Luego del informe no pueden pasar desapercibidos nuevos ataques contra la Policía Nacional, aparentemente aislados. El pasado 30 de agosto, un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley al Congreso para reformar la Policía Nacional y dejarla sin dientes. Y, qué curioso, días después, el 9 de septiembre, la alcaldesa Claudia López plantea una reforma estructural de la Policía, con propósito que se advierte similar. Ella, que no ha podido o no ha querido, preservar el orden público en Ciudad Gótica -como llaman a la capital en redes sociales y en columnas de opinión-, que se ha mostrado inerme para controlar la exacerbada violencia que se presenta en ciertas zonas en las que abunda el microtráfico de drogas, que ha adoptado actitudes erráticas frente a la llamada “primera línea", ahora, “al borde del llanto” como lo afirmó un prestigioso diario, plantea minimizar a la Policía Nacional y separarla del Ministerio de Defensa.

Para la alcaldesa y ciertos grupos no bastan decisiones cuestionables de la Corte Constitucional1, la Corte Suprema de Justicia2 y el Consejo de Estado, que han impuesto importantes restricciones al accionar de la Policía Nacional y que no reparan, por ejemplo, en que Singapur tuvo necesidad de acudir a medidas radicales, duras, para erradicar la ola de inseguridad en que se movía hace 50 años.

La percepción de inseguridad está en aumento y la puesta en libertad de delincuentes y vándalos detenidos en flagrante ha contribuido enormemente a afincar esa percepción. El sistema judicial, cuya imagen negativa bordea el 86%, no puede ser indiferente a esa situación y necesita actuar, conjuntamente con la Fiscalía, para revertir esa imagen, asegurar con sus fallos que no exista impunidad y no se auspicie la violencia callejera ni la destrucción de bienes ni la afectación de sectores económicos.

El costo de 14 billones que representaron las recientes marchas y el vandalismo ejercido bajo el amparo de aquellas avivó la pobreza y la desigualdad social, ya bastante acentuadas con la pandemia. Ese costo equivale al de una reforma tributaria e implica un retroceso demencial en un país que necesita revivir su economía y crear nuevas fuentes de trabajo.

El Gobierno Nacional debe ser consciente de que a él le corresponde, más que a nadie, preservar el orden público y fortalecer la Policía Nacional. Esta responsabilidad no se puede evadir so pretexto de que es tarea también de las autoridades locales o regionales.

La ciudadanía debe estar muy atenta para oponerse a reformas que no fortalezcan a la Policía Nacional o que la debiliten. Colombia no quiere transitar el sendero que convirtió a nuestro hermano país en la Venezuela Gótica que todos conocemos. El orden público es presupuesto de una democracia. No dejemos que nos lo quiten y nos la quiten.