La incertidumbre laboral en el inicio del gobierno Petro

Una vez elegido Gustavo Petro como presidente de Colombia, la mayoría de los temas planteados por el nuevo gobierno generan un importante choque de visiones e interpretaciones respecto a la seriedad técnica de las propuestas, su alcance y la conveniencia o inconveniencia para el país de tramitar la agenda en los términos propuestos por la administración Petro, tal es el caso de la reforma tributaria presentada por el ministro José Antonio Ocampo.

A pesar de lo anterior, existía cierta coincidencia a nivel país en trazar un plan de acción para disminuir los índices de desempleo e informalidad laboral, así como para iniciar una discusión respecto a una reforma laboral que permitiera adecuar la normatividad vigente en Colombia a las nuevas realidades del trabajo existentes en la economía, tomando como elemento de análisis el informe entregado por la misión de empleo. 

En el contexto planteado y con importantes retos a nivel laboral, el país recibió la designación como ministra de Trabajo de la excongresista y líder sindical Gloria Inés Ramírez, quien rápidamente a través de redes sociales y entrevistas en medios de comunicación posicionó un discurso radical respecto a las políticas públicas de empleo que impulsará como Ministra, discurso que si bien no debe sorprender por sus orígenes políticos en el partido comunista y su rol como directiva sindical en FECODE y la CUT, genera incertidumbre en los diferentes actores del mercado laboral colombiano.

La incertidumbre derivada de las declaraciones de la ministra Gloria Inés Ramírez se convierten en una gran preocupación cuando en los análisis que ha desarrollado, se evidencia un desconocimiento técnico de las temáticas tratadas y una carencia de análisis en los efectos y consecuencias de sus propuestas. 

Es así como la ministra de Trabajo de forma vehemente señala que en los primeros 100 días del gobierno Petro se busca un cambio de la regulación de la jornada de trabajo señalando que “(…) si las empresas tienen que pagar horas extras, pues que las paguen (…)”. Sin embargo, cuando se hace un análisis de la propuesta de reforma que la ministra intenta explicar, se puede detectar con facilidad que no tiene ninguna relación con el trabajo suplementario o en horas extra, sino que busca cambiar las reglas de juego en la determinación de la jornada laboral nocturna y del porcentaje de recargo con el que debe pagarse el trabajo dominical y/o festivo. Monumental error que incluso induce a la confusión a la opinión pública.

Realizada la precisión conceptual anterior, es importante señalar que resulta como mínimo irresponsable, que de forma apresurada y sin medir las consecuencias en el mercado laboral, se pretenda poner en marcha el cambio de la regulación de la jornada laboral nocturna, señalando sin mayores análisis que la misma debe iniciar a las 6:00 PM y no a las 9:00 PM, así como de las normas que regulan los recargos por trabajo dominical, proponiendo que los mismos sean pagados con el 100% sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo y no con el 75%, como actualmente se aplica, lo anterior con la única y vaga argumentación de dejar sin efectos las modificaciones legales introducidas en estos temas por la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002.

Ahora bien, lo que no analizan los promotores de estas iniciativas es el impacto que estas modificaciones tendrían sobre el costo de contratación laboral formal para las empresas, puesto que no únicamente se trata de pagar algunas horas más con recargos, como de forma equivocada lo presenta la ministra, sino que estos pagos adicionales de forma directa incrementan la base para el cálculo de las prestaciones sociales, vacaciones, aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, lo que significa desbalancear los presupuestos de contratación y perjudicar directamente a las empresas e incluso a las personas naturales que generan empleo formal en el país.

Adicional a lo anterior, preocupa el discurso del nuevo gobierno de querer derogar la ley 50 de 1990 y la ley 789 de 2002, normas que consagran figuras tan importantes como el esquema de contratación de empresas de servicios temporales, generador de más de 500.000 empleos formales en Colombia, o como el contrato de aprendizaje, preocupación fundamentada si se tiene en cuenta que la administración Petro ha utilizado indistintamente conceptos como trabajo tercerizado y precarizado (totalmente diferentes), estigmatizando de esta forma y sin ninguna explicación esquemas de trabajo legales, que son reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Estamos a tiempo de llamar la atención de la opinión pública y pedirle al nuevo gobierno criterio y seriedad técnica en la discusión de los asuntos laborales, puesto que el incremento desmedido e injustificado de los costos de contratación laboral, la estigmatización de esquemas de contratación generadores de empleo formal y la falta de análisis y discusión del impacto de las reformas laborales propuestas, pueden traer como consecuencia un crecimiento de la tasa de desempleo y de los índices de informalidad, informalidad que a junio de 2022, de acuerdo a las estadísticas del DANE, reportó un preocupante porcentaje del 58%.

Finalmente se debe pedir sensatez y criterio técnico al nuevo gobierno y al Congreso de la República en la discusión de las iniciativas de reforma laboral, puesto que el cambio apresurado de las reglas de juego en temas laborales, unido a la dura reforma tributaria presentada por el ministro Ocampo, dejará a Colombia como un país poco atractivo para la inversión, por la alta inestabilidad e inseguridad jurídica, escenario a todas luces nocivo si lo que se pretende es disminuir la pobreza, objetivo que no puede estar apalancado por un sistema asistencialista de subsidios, sino por el contrario en la generación de empleo formal.

@GuerreroAbogad
Socio director Guerrero & Asociados