La narrativa presupuestal | Por: Gabriel Aramburo

Por: Gabriel Aramburo*
@aramburogomez en Twitter

Hace unos días, Transparencia Internacional --una ONG autodescrita como la coalición global en contra la corrupción-- publicó su Índice de Percepción de la Corrupción para el 2020.

El índice califica a 180 países en una escala de 0 a 100, determinada a partir de 60 factores e indicadores. En donde 0 quiere decir que el país es muy corrupto o absolutamente corrupto, y 100 quiere decir que el país no es corrupto o no es casi corrupto.

Los resultados que arroja el índice son muy sombríos porque el promedio mundial, la media mundial es de 43 fuera de 100. La media para el continente americano es de 43 fuera de 100 también. Y dos tercios de esos 180 países obtuvieron un puntaje por de bajo de 50. Muy preocupante.

Colombia, por su parte, obtuvo un puntaje general de 39 fuera de 100. Es decir, Colombia es percibida para el año 2020 como más corrupta que el promedio del mundo y el promedio del continente americano.

Esto es muy sombrío, en especial si se contrasta o se compara con otros índices similares, como el índice que mide el estado de la democracia en el mundo, publicado hace apenas un par de semanas.

Se puede observar que durante este año, tal vez debido a la pandemia, crecen los gobiernos del mundo, con ellos crece la corrupción en el mundo, a la vez que las libertades civiles y económicas decrecen o se reducen.

Pero la verdadera reflexión de esta nota requiere un poco más de atención. Miremos: el Índice de Transparencia Internacional recomienda a los gobiernos del mundo entregarle más presupuesto, más funcionarios y más facultades a los entes encargados de vigilar y controlar la corrupción.

Para el caso de Colombia, estamos hablando principalmente de la Procuraduría General, encargada del control disciplinario; de la Contraloría General, encargada del control fiscal y de la vigilancia del buen uso de los recursos y bienes públicos; y de la Fiscalía General, en todo lo respectivo a la acción penal tanto para funcionarios como para ciudadanos en general.

Idealmente, estas entidades estuvieron creadas para controlar el poder político, para vigilar a los funcionarios que ejercen ese poder político y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Pero el mundo es real y no ideal. Y en este mundo real, muchas veces, estos entes no solo no controlan y vigilan el poder político, sino que hacen parte de él, hacen parte del juego electoral, partidista y político, y no satisfacen el “interés general” --lo que sea que eso signifique-- sino que satisfacen los intereses particulares de los funcionarios que trabajan ahí, de sus clientes, de sus familiares, y de sus amigos.

¿Dónde está la reflexión? Que se ha construido una narrativa que nos sugiere que, como la corrupción en el mundo está creciendo y hay índices como el de Transparencia Internacional —que así lo indican—, estos entes, que son los llamados y encargados de combatir, y controlar la corrupción, necesitan más dinero, más burocracia y más facultades para poder cumplir sus funciones de combatir la corrupción. Y de esta manera se enquistan en nuestra sociedad y garantizan el crecimiento y el sostenimiento de su propia burocracia. ¡Tenaz!

¿Qué vamos a hacer? 

* Director de Acción Legislativa – Libertank. Abogado. Magíster en Derecho Internacional y Seguridad.

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