Llegó la hora de una gran reforma penal

Tras 21 años de aplicación de la gran reforma penal de 1996, que se materializó en la actual legislación que rige entre nosotros desde el 25 de julio de 2001, la situación es caótica en detrimento de los derechos y garantías de todos, y, sobre todo del interés público en una efectiva prevención y sanción del delito. Es por ello, que invitamos al nuevo Gobierno a emprender la tarea de una gran reforma penal que supere una situación que hoy es insostenible en la que se oigan las voces de todos, y se rechace definitivamente el populismo punitivo. 

La situación actual no dista mucho de la que, en 1996, bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, en ese entonces en cabeza del profesor Gómez Méndez planteó la necesidad de realizar una reforma a fondo de toda la normativa penal en Colombia por cuanto era necesario compilar un estatuto (de 1980) sometido a una importante cantidad de reformas, la existencia de una Nueva Carta Política, y los avances de la ciencia y de la Jurisprudencia. Fue así como vieron la luz dos códigos, el penal y el de procedimiento penal, que rigen desde el año 2001 el funcionamiento de nuestro sistema penal. 

La mesura a la hora de realizar reformas penales en nuestro medio es cosa del pasado, cuando menos, desde la segunda mitad de la década de los ochenta en la que por vía de decretos se desarticuló el sistema penal, se exasperaron las penas, se crearon multiplicidad de delitos y procedimientos sin un criterio científico, lo que generó algo parecido a los vehículos repotenciados. Un chasis pensado para un funcionamiento, y una maquinaria que va en otro sentido, generando un auténtico colapso del sistema que se traduce en violación de garantías, sensación de impunidad, pérdida de la confianza ciudadana en la justicia, propuestas autoritarias e inhumanas y apología a la autodefensa y la venganza privada. 

Hoy, abogados y funcionarios del país no tienen clara la regla de derecho que rige un caso en concreto. Las penas han llegado al absurdo de sancionar más gravemente el porte del arma que su empleo para matar a un ser humano. Tenemos 11 procedimientos penales vigentes, todos ellos, coexistentes y complementarios entre sí, una jurisprudencia con permanentes variaciones, por lo que tramitar una investigación o un juicio -e incluso, resolver un examen- se ha convertido en una auténtica odisea. Por demás, aspectos tan relevantes como el enfoque de género, o la aplicación de la tecnología en los procesos judiciales, entre otros, no tenían la relevancia que hoy ostentan dentro de un proceso penal. 

Las condiciones actuales, el talante moral e intelectual del ministro de Justicia que hoy regenta esta cartera, las mayorías en el Congreso y, sobre todo, el consenso que hay entre todos quienes a diario tenemos que luchar contra unos códigos convertidos en laberintos, hacen que todo esté dado para emprender una gran reforma penal, que unifique los procedimientos, que nos lleve por la senda del humanismo y la resocialización atendiendo los intereses de la comunidad y nuestra propia capacidad institucional para hacerle frente al delito como un flagelo que hay que combatir pero sin renunciar a las garantías y los Derechos Humanos. 

@fbernate
Profesor titular de la Universidad del Rosario