¿Lucha contra la corrupción o guerra jurídica en Argentina?

La decisión de la justicia argentina de condenar a seis años de prisión e inhabilitar de por vida a la actual vicepresidenta, significa el peor revés para la izquierda peronista. El oficialismo viene golpeado recientemente por la gestión de Alberto Fernández en materia económica, desaprobada por un segmento considerable de la población que ve con justificada inquietud la perdida de poder adquisitivo. Asimismo, el fallo significa una reacomodación de las fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Los críticos del gobierno consideran que el fallo sienta un precedente en la lucha contra la corrupción, mientras el oficialismo apunta a una persecución política enmarcada en la llamada guerra jurídica o lawfare, todo en medio de una riesgosa polarización.  

Cristina Fernández, algunos de los ministros y el propio presidente, se mostraron en desacuerdo con la condena a la que consideran como una prueba de un fenómeno que preocupa cada vez más a la izquierda, la judicialización de la política. Esta consiste en trasladar la controversia ideológica al plano de la justicia para buscar la anulación de derechos políticos del contradictor. Esto no solo se apoya en una justicia cada vez más politizada, sino en poderes fácticos como los medios de comunicación que hacen circular información que sugiere una culpabilidad que no admite dudas, cuando en realidad los procesos pueden estar plagados de contradicciones. Tal es la tesis de los defensores de Cristina Fernández que, al conocerse el fallo, se manifestaron en la calle haciendo eco de las quejas de su líder sobre una persecución política dirigida por el expresidente Mauricio Macri y el grupo Clarín (de medios de comunicación) con quienes los Kirchner han tenido enfrentamientos constantes.

Los argumentos de su defensa apuntan, entre otras cosas, a la cercanía de jueces, fiscales y empresarios involucrados en el proceso, manifiesta en un viaje realizado a Lago Escondido en la Patagonia, en octubre a una mansión propiedad de un magnate cercano a Macri (Joe Lewis) y cuyas evidencias habrían tratado de ocultar. Esta circunstancia explica un mensaje publicado por el mandatario argentino a través de su cuenta de Twitter: “Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”. 

A su vez, la expresidenta argumenta que se habría violado el principio judicial de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito “ne bis in ídem”. El proceso ligado al proyecto Vialidad que comprende un conjunto de obras entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz había sido desestimado (sobreseído) por parte de la justicia federal. Finalmente, la vice apunta a Clarín, pues en la reunión de Lago Escondido se habrían hecho presentes Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del poderoso grupo empresarial. El Diario Página 12 de una línea editorial contraría al establecimiento, reveló audios en los que se observa una voluntad para mantener oculta la reunión y un deseo por detener al kirchnerismo. Finalmente, el oficialismo recuerda los casos de Lula da Silva, Rafael Correa, Marco Enríquez-Ominami y Evo Morales, todos salpicados por la misma mecánica de la guerra jurídica. 

Por su parte, la fiscalía apunta a que, durante el mandato de los Kirchner Fernández, se habría construido una “matriz de corrupción” extraordinariamente compleja. La pareja sacó provecho de 51 obras en Santa Cruz con licitaciones que respondían a una cartelización que los favorecía en detrimento del Estado. 

A Cristina Fernández le quedan aún dos instancias (la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia) y mientras dure su periodo, es decir hasta diciembre del año entrante, no irá a la cárcel por inmunidad. Aún así, con este proceso queda seriamente comprometida su carrera política.  

Al margen del resultado final del proceso jurídico, la decisión confirma que Cristina Fernández no será candidata, algo que ella misma había adelantado, pero subsistían dudas por su capacidad de convocatoria. A esto se suma el hecho de que la relección del actual presidente parece cuesta arriba, con lo cual, las chances del oficialismo de imponerse el año que viene serían remotas. En las encuestas que aún son especulativas e imprecisas pero reveladoras parcialmente, las opciones de voto se canalizan hacia Juntos por al Cambio de Mauricio Macri y La Libertad Avanza de Javier Milei, el controvertido libertario que, a punta de polémicas se ha ubicado entre las opciones de los argentinos. Casi en ultimo lugar aparece la izquierda peronista que deberá recurrir a una figura de cambio con Sergio Massa, ministro de economía, o Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nada parece fácil para esta fuerza pues le será muy difícil reconstruir su legitimidad y credibilidad, circunstancia que solo parece posible si consigue una recuperación económica en el año corto que lo separa de la próxima elección.

Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor Universidad del Rosario
@mauricio181212