¡Unifiquen los periodos de una vez por todas!

En Colombia existe un debate de nunca acabar, cada cierto tiempo el tema vuelve a ponerse en lo alto de la agenda pública del país sin que se llegue a nada concreto frente al mismo, parece que es uno de esos temas álgidos que nadie quisiera liderar pero que en la práctica es más que necesario, pues tristemente todo lo que ocurre en Bogotá afecta de manera directa a las entidades en el orden regional.

Hace poco conversé con uno de los alcaldes del Departamento de Nariño, le pregunté sobre como avanzaban las gestiones de uno de los proyectos bandera de su administración, lo hice porque desde que inició su mandato en 2020 lo he visto muy juicioso desplazándose de manera frecuente a la capital en aras de que su proyecto pase del papel a la realidad. La respuesta fue un poco desoladora, me dijo que las cosas iban bien pero que por ahora nadie le daba razón de los avances dado a que las personas con las que él hablaba y tenían a cargo su proyecto ya no estaban trabajando y que no le quedaba de otra sino esperar.

Para nadie es un secreto que con el cambio de Gobierno todo se vuelve un despelote, pareciera que las entidades entraran en un cierto tipo de “stand by” donde absolutamente todo se paraliza en materia de gestión, nadie da razón de nada y la justificación es única y hasta lógica: toca esperar que los nuevos funcionarios tomen posesión, realicen su respectivo empalme, se adapten, entiendan la lenta dinámica estatal y se articulen entre todos ellos para prácticamente volver a arrancar. Hoy son muchos dirigentes regionales que no saben si sus gestiones del pasado tendrán resultado o no, pues con el cambio de Gobierno también cambian las prioridades y por ende también las asignaciones presupuestales de los programas y proyectos a ejecutarse en el país, y lo que antes se daba por hecho ahora podría nunca llegar a ser una realidad.

La unificación de periodos es necesaria en materia de planeación, así a mucha gente no le guste la idea. Es claro que no tiene sentido alguno que los alcaldes sean elegidos y formulen sus planes de desarrollo bajo las aristas de un Gobierno y que a más de la mitad de sus periodos tengan que adaptarse a unos nuevos a causa del traspaso de mando presidencial. De hecho, la ley 152 de 1994 contempla cuales son los principios generales que rigen al país en materia de planeación, siendo algunos de ellos: la coordinación, la continuidad, la concurrencia, la subsidiaridad y la complementariedad, todos limitados en su ejercicio real a causa de lo expuesto con anterioridad.

Otro tema importante para tener en cuenta en esta discusión es la reducción de los costos en materia electoral, pues en el presente cada jornada implica un despliegue enorme en logística que le cuesta al Estado una gran cantidad. Las elecciones regionales del 2019 tuvieron un costo de $819.200 millones de pesos mientras que las elecciones presidenciales de este año registraron gastos por $1.2 billones de pesos, dinero que de ahorrarse se podría destinar a responder esas nuevas demandas de la ciudadanía en las zonas más apartadas del país.

En la práctica los alcaldes están a la voluntad de las prioridades del Gobierno Nacional, razón por la cual sus planes de desarrollo sí o sí deben estar armonizados con lo que se dice en Bogotá, por eso es importante que de una vez por todas alguien asuma los costos políticos que implica hacer esta reforma y se la lidere hasta que sea una realidad, esto implica que se proponga un proceso de transición claro y que se rija a los marcos de constitucionalidad, quizás así los alcaldes ya no tendrán que volver a adaptar su corta y limitada capacidad institucional para pasar de intentar comprender  la economía naranja a alinearse con los nuevos planteamientos que trae consigo la denominada paz total.