Así van las investigaciones por corrupción en crisis por coronavirus

Las tres entidades se unieron para trabajar en la estrategia ‘Transparencia en la Emergencia” que ha permitido encontrar presuntos sobrecostos e inconsistencias  en algunos de los más de 7.000 contratos que ya se han firmado para atender la emergencia del coronavirus en el país.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, informó que han adelantado la verificación de 909 contratos por un valor de 667.000 millones de pesos y se iniciaron cinco indagaciones en contra de los gobernadores de Arauca, Magdalena, San Andrés y Vichada.

Añadió que hay abiertas dos indagaciones preliminares contra el Departamento Nacional de Planeación y Finagro. “Hay un aforado constitucional en este caso con una noticia preliminar abierta que es el ministro de Agricultura”.

Por su parte, la Procuraduría informó que hay 1.286 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la atención de la emergencia por coronavirus.

“Se iniciaron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial”, señaló Fernando Carrillo, procurador General de la Nación.

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El ministerio público citó a juzgamiento disciplinario a los siguientes funcionarios por presuntas irregularidades en contratación:

• La alcaldesa de El Socorro, en Santander, Claudia Porras, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de 325 millones de pesos.
• El gobernador de Arauca, José Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por 570 millones.
  También por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por más de 4.000 millones de pesos. En este caso fueron vinculadas cuatro personas más.
• El alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por 560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo.

La Procuraduría abrió investigación a:

• Gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por presuntas irregularidades en un contrato por 2.000 millones de pesos.  Además, fue ordenada la suspensión del funcionario por tres meses.
• Alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido, por presuntos sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por 65 millones de pesos.
• Alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero por presuntas irregularidades con contrato por 396.000 millones de pesos. También se abrió investigación al secretario Administrativo José Garzón.

Entre tanto, en indagación preliminar están las alcaldías de Armenia, Malambo y Soledad. También las gobernaciones de Cesar y Tolima.

Además, la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del director de la UNGRD, Eduardo José González tras denuncias por sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados.