Abogados denuncian torturas a migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador
Los abogados de los venezolanos también acusaron al gobierno de Nayib Bukele de impedir cualquier intento de defensa legal o verificación humanitaria.
Noticias RCN
01:14 p. m.
Los 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos durante la administración de Donald Trump y recluidos desde hace dos meses en la megacárcel de El Salvador, están siendo víctimas de “torturas físicas y morales”.
Defensa de migrantes venezolanos presos en El Salvador denuncia “torturas”
Así lo denunciaron este viernes sus abogados, quienes también acusaron al gobierno de Nayib Bukele de impedir cualquier intento de defensa legal o verificación humanitaria.
El equipo jurídico del Grupo Ortega, contratado por el gobierno de Venezuela, no ha logrado visitar a los migrantes detenidos desde el 16 de marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
A pesar de múltiples gestiones legales, incluidas solicitudes de “prueba de vida” y un recurso de habeas corpus interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña el 24 de marzo, las autoridades han guardado completo silencio.
“Los están tratando como vulgares delincuentes, y les han quitado el pelo”, denunció Salvador Ríos, abogado del bufete, quien calificó estas acciones como “torturas físicas y de orden moral”.
Las imágenes difundidas del ingreso de los venezolanos al Cecot, rapados y encadenados, generaron alarma en organizaciones internacionales de derechos humanos.
Según el bufete, los migrantes no enfrentan ningún proceso judicial ni en El Salvador ni en Estados Unidos.
A más de 60 días del encarcelamiento, los abogados no han recibido ninguna respuesta formal del gobierno salvadoreño, ni siquiera a la carta enviada al presidente Nayib Bukele solicitando autorización para entrevistarse con los reclusos.
“Es como luchar contra molinos de viento”, expresó Ríos. “Ha sido una frustración evidente y clara”.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, declaró recientemente que su país ofrece a los migrantes un “servicio de alojamiento penitenciario”, comparando su situación con la de alguien que busca atención médica. No obstante, no explicó bajo qué figura legal se sustenta la privación de libertad de los migrantes.
En paralelo, el bufete también recurrió a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Dirección de Centros Penales, sin obtener respuestas. El habeas corpus fue presentado por 30 de los migrantes, y “de forma extensiva” para los demás, según Isael Guerrero, otro de los abogados.
El caso ha ganado aún más notoriedad tras revelarse que al menos dos deportaciones se realizaron por error.
Uno de los afectados, Kilmar Armando Ábrego García, migrante salvadoreño, contaba con protección legal contra la expulsión, pero fue enviado al Cecot y posteriormente transferido a una granja penal.
En otro caso, un venezolano identificado como Cristian fue deportado indebidamente a pesar de una orden judicial en EE. UU. que pedía detener su expulsión.
Venezolanos retenidos en El Salvador estarían siendo torturados
Ambos errores resaltan el carácter arbitrario y acelerado de las deportaciones realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por Trump para acusar sin pruebas a los venezolanos de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal.
Ni familiares ni representantes legales han podido verificar el estado físico y psicológico de los migrantes, ni han accedido a un listado oficial de nombres. La ONU ha expresado “serias preocupaciones” por posibles violaciones a derechos fundamentales.
En abril, Bukele propuso a Nicolás Maduro canjear a los 252 migrantes por “presos políticos” venezolanos. Caracas calificó la oferta como “cínica”, y la rechazó tajantemente, subrayando que los migrantes no son criminales ni terroristas.
Para el jefe del Grupo Ortega, Jaime Ortega, la detención no tiene sustento legal alguno: “El 100% de ellos son migrantes, y ni uno solo está siendo procesado ni en EE. UU. ni en El Salvador. Su destino depende exclusivamente de Bukele”.
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