Hacia un nuevo modelo para la financiación de la Universidad pública: conocimiento, innovación y crear valor compartido

En Colombia, su sostenibilidad exige revisar el modelo de financiación pública y los incentivos a la productividad académica, particularmente ante los debates suscitados por el Decreto 1279 de 2002 y las remuneraciones de algunos docentes universitarios.

El informe de la Contraloría sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas durante 2019-2024 evidencian que las presiones presupuestales no obedecen exclusivamente a los gastos de funcionamiento o a los incentivos salariales, sino también al rezago estructural de la financiación frente a las crecientes responsabilidades institucionales.

1. La educación superior es un derecho, no un negocio

La Constitución de 1991 reconoce la educación como derecho y servicio público con función social. Por tanto, la universidad pública debe entenderse como una inversión estratégica en competitividad, innovación, desarrollo sostenible y valor público, no como una organización obligada a alcanzar autosuficiencia financiera bajo lógicas de mercado.

2. El desafío está en el modelo de financiación

El esquema establecido por la Ley 30 de 1992 presenta limitaciones frente al crecimiento de la cobertura y las necesidades de infraestructura, investigación y bienestar estudiantil. Aunque la reforma de los artículos 86 y 87 incorporó el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), aportes vinculados al crecimiento del PIB y una senda de financiación cercana a $18,7 billones entre 2027 y 2030**, persisten desafíos estructurales.

Entre 2023 y 2025, el Presupuesto General de la Nación aumentó de **$405,6 billones a $523 billones**. En el mismo periodo, Defensa y Seguridad pasó de $54 billones a más de $60 billones, y Salud de $55 billones a más de $65 billones. Mientras estos sectores fortalecieron sus apropiaciones, las universidades asumieron mayores responsabilidades en cobertura, regionalización, acreditación, transformación digital e investigación, sin un crecimiento proporcional de su financiación.

3. Las cifras revelan una realidad más compleja

El informe de la Contraloría señala que el 78% de las universidades públicas financia sus inversiones con recursos propios, mediante investigación, extensión, transferencia tecnológica y alianzas productivas. Sin embargo, persisten déficits operacionales asociados a los costos estructurales de nómina, los giros pendientes de la Nación y la necesidad de ampliar las plantas docentes para responder a la cobertura y los estándares de calidad, que son impuestas en metas de los planes de Desarrollo Nacional y Territoriales.

4. Actualizar los incentivos a la investigación

El Decreto 1279 de 2002 requiere alinearse con el reconocimiento de Min. Ciencias, que además de las publicaciones científicas, incentive el desarrollo de la propiedad intelectual e industrial, como las patentes, los desarrollos tecnológicos, el software, las licencias, para generar “spin-off”, “startups” y las empresas de valor compartido, conectando la investigación con la innovación y la transferencia de conocimiento con el desarrollo regional.

5. Cinco pilares para financiar el futuro

Un nuevo modelo de financiación universitaria a discutir estaría basado entre otros en cinco pilares:

a) Financiación estructural garantizada: recursos suficientes, progresivos y predecibles para docencia, investigación, extensión, bienestar de la comunidad universitaria, internacionalización y transformación digital, considerando costos reales, cobertura, regionalización y calidad.

b) Excelencia académica e investigación de impacto: distribuir recursos según resultados verificables de los informes de rendición de cuentas, acreditación del orden nacional e internacional, permanencia, retención, graduación y producción científica de calidad de productos científicos y de innovación, validados con el reconocimiento de las categorías de grupos e investigadores en Min. Ciencias, y rankings internacionales.

c) Innovación y emprendimiento: impulsar fondos de capital semilla para el desarrollo de proyectos que tengan resultados como patentes, licencias, denominaciones de origen, marcas colectivas, transferencia tecnológica, innovación social y cultural, fomentando la creación de empresas de base científica con empleo de alto valor agregado para fortalecer la competitividad regional.

d) Impacto regional y creación de valor público compartido: valorar los aportes a la competitividad empresarial, el desarrollo rural, las políticas públicas, la sostenibilidad ambiental y la reducción de brechas territoriales, mediante indicadores articulados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

e) Transformación digital: financiar inteligencia artificial, ciencia de datos, laboratorios inteligentes, computación en la nube, ciberseguridad, educación híbrida y realidad aumentada para ampliar la cobertura y mejorar la calidad.

--El debate de fondo--

La sostenibilidad universitaria exige diversificar las fuentes de ingresos mediante la investigación, la extensión, la cooperación internacional y la transferencia tecnológica, sin que estas sustituyan la responsabilidad constitucional del Estado de financiar la educación superior pública, articulando los rubros presupuestales existentes en carteras ministeriales. Fortalecer la universidad pública es invertir en conocimiento, movilidad social, innovación y desarrollo sostenible, por lo que, la financiación debe reconocer tanto la cobertura estudiantil, como el valor social, científico, económico y ambiental que las instituciones generan para el país y sus regiones. Esta inversión estratégica de largo plazo es esencial para fortalecer la competitividad regional, desarrollar capacidades científicas y tecnológicas, y formar talento humano cualificado que responda a las necesidades del desarrollo sostenible.