¡Atención! Acuerdo de Escazú es una realidad: fue aprobado con 121 votos en el Congreso

Foto Archivo Noticias RCN

La votación en el Congreso de la República terminó con 121 a favor y solo uno en contra.


Noticias RCN

oct 10 de 2022
08:30 p. m.

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Con una votación de 121 votos a favor y solo uno en contra, el Congreso de la República aprobó en plenaria el Acuerdo de Escazú en Colombia. 

Las bancadas del Centro Democrático, líderes de la oposición y detractores de este acuerdo, y la del partido Cambio Radical, se retiraron del recinto al conocerse la decisión.

El pasado 26 de julio, el Senado había aprobado en segundo debate la implementación de este acuerdo.

Lea además: ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? ABC para entender sus bases

El presidente Gustavo Petro celebró la noticia de la aprobación del Acuerdo de Escazú mediante su cuenta de Twitter. Estas fueron las palabras del mandatario:

"Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana".

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Este acuerdo fue firmado en Escazú, Costa Rica, por 24 países de Latinoamérica en 2018, entre los que se encuentra Colombia. Y se convirtió en el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, que por ahora ha sido ratificado por 14 naciones en total, Colombia siendo la más reciente.

Las bases de este acuerdo son tres: el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Es decir, poner más herramientas para que todo el mundo tenga conocimiento y posibilidades de entender qué se está haciendo en temas medioambientales durante la implementación de proyectos de desarrollo, además de opciones de defensa y justicia.

Vea también: En segundo debate del Senado fue aprobada la ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿en qué consiste?

Estos son los tres puntos explicados al detalle:

  • Acceso a la información: si bien los proyectos ambientales deben ser divulgados, muchas veces están llenos de apartados técnicos y especializados que para las comunidades no queda claro lo que va a pasar, y mucho menos cómo los va a afectar. Así que el acuerdo busca que todas las personas puedan conocer esa información al pedírsela al Gobierno, que tendrá 30 días para responder y darla de manera clara, además de contar con plataformas para realizar consultas de forma fácil.
  • Participación Pública: aquí básicamente lo que se busca es que la ciudadanía tenga voz en la toma de decisiones de proyectos de desarrollo que afecten al medio ambiente y a la propia comunidad. Aquí se deberán crear mecanismos para que las comunidades indígenas puedan acceder sin tener problemas por el idioma, quienes además tendrán un valor importante en el proyecto.
  • Justicia en Asuntos Ambientales: este apartado se divide en dos. Por un lado, las personas podrán acudir a tribunales y a mecanismos para solucionar disputas si los dos puntos anteriores no se cumplen (participación y acceso a información), así como defenderse si están siendo afectados por proyectos de desarrollo. Y la otra parte, es la defensa de los líderes ambientales y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
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