Judicatura propone cambios para restarle funciones al procurador

Según el fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura relacionado con las tutelas que se interpusieron para detener la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es necesario hacer un cambio de jurisprudencia en cuanto a las facultades del jefe del Ministerio Público.

En su pronunciamiento, la Sala Disciplinaria afirma que los actos por los que se sancionó al alcalde no corresponden a hechos de corrupción "pues el alcalde motivó su actuación afirmando que no quería cohonestar con la corrupción" por lo que para el tribunal el procurador no tiene competencia en su caso. 

"De ahí que la Sala tenga que advertir la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación al asumir y tramitar la investigación disciplinaria objeto de este asunto, pues la Corte Americana de Derechos Humanos ha considerado que sólo en los excepcionales casos de combatir la corrupción puede permitirse que autoridades distintas de las judiciales ejerzan estas competencias", precisa el fallo al referirse a la destitución e inhabilidad con las que fue sancionado Gustavo Petro.

Además, la Sala cuestiona el actuar del procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el caso Petro. 

"(El procurador) Ni siquiera asume directamente la competencia, sino que la delega en varias oportunidades a dos procuradores delegados, la reasume para algunos actos, y mantiene la delegación para la toma de la decisión y la resolución del recurso de reposición".

El alto tribunal también advierte "la ausencia de normas especiales, adecuadas a este escenario constitucional y la inexistencia de controles efectivos a decisiones que suponen una intensa afectación a los derechos políticos”.

Por esto a juicio de la Sala Disciplinaria se deben modificar las atribuciones del procurador restándole funciones. "las razones ahí expresadas son suficientes para asumir un cambio de jurisprudencia” 

Para ello la Judicatura propone que casos como el del alcalde Gustavo Petro, sean conocidos por la Corte Constitucional.  “(En este tipo de casos) corresponde a la Corte Constitucional asumir el control de convencional ideas, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional”.