La desmovilización de las Farc costaría 2,7 billones de pesos, según la Contraloría

El organismo de control realizó un estudio pero indicó que recursos para financiar el postconflicto no están aún determinados.


Los rebeldes también son investigados por su participación en un ataque a una sede bancaria del municipio de Caloto.

Noticias RCN

enero 26 de 2015
04:51 p. m.
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Entre $1,8 billones y $2,7 billones de pesos puede ser la inversión de recursos requerida por el Estado colombiano en caso de una posible desmovilización de los miembros de las Farc, de acuerdo a un estudio que realizó la Contraloría General de la República.
Dentro de este monto solo se incluyeron los programas de desarme, desmovilización y reintegración de las personas que pertenecen a esta guerrilla porque al parecer el posconflicto requeriría de más recursos, según la investigación.
“Probablemente, serán destinados mayores recursos por el otorgamiento de beneficios adicionales que podrían incluirse en los acuerdos finales de las negociaciones de paz y por otros aspectos del posconflicto”, señala el comunicado del estudio.
Según el organismo de control, el estudio sectorial se hizo con base en la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, la cual demuestra que se desmovilizaron e ingresaron a la Ruta de Reintegración 34.281 personas, que costó $66,7 millones por persona, en promedio.
“Respecto a la reparación económica en el período citado, la Contraloría pudo evidenciar que los desmovilizados han entregado sus bienes a la Fiscalía y esta a su vez al Fondo de Reparación y, sin embargo, su valor resulta menor en comparación al monto de las indemnizaciones giradas”, agregó.
Igualmente una alta proporción del valor de las sentencias de Justicia y Paz, se ha financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los desmovilizados condenados en dichas sentencias.
También se emplearía dinero y los bienes que los desmovilizados han entregado al Fondo de Reparación de la Unidad de Víctimas, pero el monto necesario rebasa el valor que se requiere para cubrir los gastos necesarios.
"Una alta proporción del valor de las sentencias de Justicia y Paz, se ha financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los desmovilizados condenados en dichas sentencias", indicó el organismo de control.
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