Nuevos detalles en la polémica por la Universidad de la Fiscalía

En el documento firmado por la directora de apoyo a la gestión, Marcela Yepes, el 20 de agosto del 2015 se les comunicó a los directivos de la universidad que debían entregar la sede de Aquimindia donde se realizó la inversión de 32.000 millones de pesos para las instalaciones, laboratorios y estructuras para capacitar a los funcionarios.

La directriz enviada por orden del fiscal general, Eduardo Montealegre, ofreció como alternativa a la universidad tomar tres opciones de propiedades que pertenecen a la Fiscalía.

"Por garantías no me sometí a que la Fiscalía me interrogara. Para mí el interrogatorio, precisó César Solanilla, rector de la Universidad de la Fiscalía. 

Tras esta directiva, semanas después llegó el allanamiento sorpresa del CTI, donde se buscaban pruebas para determinar un supuesto plagio en un documento, lo cual desembocó en un interrogatorio con el rector de la universidad.

Este capítulo podría considerarse la génesis del 'rifi rafe' entre el fiscal y el rector de la universidad que terminó cerrando el claustro universitario y dejando en el limbo a 23 estudiantes.