Condenada exfuncionaria de la SuperSalud por favorecer a entidades
Eva Katherine Carrascal obtuvo pagos por $700.000.000. En ese sentido, deberá cumplir pena de 6 años y 8 meses de prisión.
Noticias RCN
12:23 p. m.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un entramado de corrupción, en el que funcionarios y particulares se apropiaron de recursos públicos de la salud.
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De las actividades ilícitas hizo parte Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien se desempeñó como superintendente delegada para la Supervisión Institucional en la Superintendencia Nacional de Salud, entre 2016 y 2018. La investigación demostró que usó el cargo y la información privilegiada que conocía para incidir en decisiones administrativas, a cambio de dádivas.
La investigación por recibir dádivas
En ese sentido, le anticipó al representante legal de una Empresa Prestadora de Salud (EPS) los requisitos y exigencias que se tendrían en cuenta durante una inspección y vigilancia que se iba realizar contra la entidad, ante la crisis financiera que atravesaba y la hacía inviable.
De otra parte, asesoró y brindó información a cajas de compensación familiar e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para que elaboraran y presentaran planes de mejoramiento y de reorganización, de tal manera que superaran el examen de la Supersalud. Además, se estableció que agilizó los trámites de pagos a las EPS y otras entidades territoriales vigiladas.
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En la etapa de juicio, la Fiscalía indicó que, por todas estas irregularidades, la exfuncionaria recibió $700.000.000. Una parte del dinero fue utilizado para la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.
Ante la contundencia de las pruebas aportadas y la aceptación de cargos a través de un preacuerdo firmado de manera voluntaria por la señora Carrascal Cantillo, un juez penal del circuito de Bogotá la declaró responsable de los delitos de: concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.
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En ese sentido, fue condenada a 6 años, 8 meses y un día de prisión; a pagar multa de $795.000.000; además de una inhabilidad vitalicia para el ejercicio de cargos públicos. Ante esta decisión de primera instancia proceden los recursos de ley.