El abogado de Petro Burgos solicitó determinar quién está a cargo de la información relacionada con el caso del exdiputado.
La Fiscalía General de la Nación es una entidad que pertenece a la rama judicial del poder público. Así se define en su página web. Esta institución es autónoma, administrativa y presupuestalmente, y su función es coordinar la justicia del país y garantizar eficacia y cumplimiento en este proceso.
La entidad nació en 1991 con la Constitución de Colombia. Su misión es garantizar un importante derecho: el acceso a la justicia de los ciudadanos que habiten territorio nacional. Esto lo hace investigando conductas punibles, ejerciendo la acción penal y de extinción de dominio, todo esto en el marco de los procesos establecidos.
En la Constitución de Colombia se establecen las funciones de dicha institución y también quiénes la integran.
En el artículo 249 la carta determina que el fiscal general, los fiscales delegados y demás funcionarios componen la entidad. El fiscal general se elige por un periodo de cuatro años y es la Corte Suprema de Justicia la encargada de esta decisión. Los candidatos son seleccionados por el presidente de la República y se establece que no puede haber reelección de este funcionario.
Actualmente, la entidad tiene más de 23 mil trabajadores que se distribuyen en las 35 seccionales que tiene el país. Entre algunas de las funciones de la Fiscalía está, según el portal web de la entidad:
1. “Solicitar al juez que ejerce funciones de control de garantías, las medidas que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas”.
2. “Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”.
3. “Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando el sistema de cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”.
4. “Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público oral, con inmediación de pruebas, contradictorio concentrado y con todas las garantías”.
5. “Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.
6. “Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”.
7. “Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal”.
8.”Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Judicial y los demás organismos que señale la ley”.
Esta entidad ha tenido dos grandes cambios en cuanto a la forma en que se organiza. En 2014 y en 2017. La primera ocurrió bajo la administración del presidente de la República de ese entonces, Juan Manuel Santos, quien reformó la institución y definió una estructura orgánica y funcional, cambió los niveles jerárquicos, la nomenclatura y los cargos.
En 2017 algo similar ocurrió para facilitar la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.
