Siete años de la firma del acuerdo de paz: así va su implementación

El 24 de noviembre del 2016 el país vio al fin el término de una guerra de años entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado, con la firma de un acuerdo de 310 páginas que fue construido durante más de seis años de trabajo entre las delegaciones de paz del grupo guerrillero y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Con las firmas consagradas ese día, se dio inicio a la implementación de este acuerdo mediante una hoja de ruta prevista para un lapso de 15 años, de los cuales han transcurrido seis con algunos avances y otras trancas que repercuten sobre víctimas y firmantes.

Durante un acto conmemorativo celebrado este viernes, que reunió de nuevo al expresidente Santos con Rodrigo Londoño, exjefe de las extintas Farc, y algunos de los organismos que han acompañado este proceso en el país, se resaltó el paso gigante hacia la paz dado en 2016, además de los retos que todavía quedan por delante para garantizar la paz estable y el desarrollo libre de la justicia transicional que se prometió a los colombianos hace siete años.

Según datos proporcionados por Carlos Ruiz, representante de Naciones Unidas en Colombia, el 80% de los firmantes de paz se encuentran actualmente participando en proyectos productivos.

Vea también: Que la JEP no abra más macrocasos y se “dedique a las sanciones”: expresidente Santos

De acuerdo con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, los retos más grandes a la fecha con respecto a la implementación del acuerdo tienen que ver con la puesta en marcha del catastro multipropósito, la sostenibilidad de los proyectos para firmantes y la entrada en vigor del capítulo étnico.

A la fecha, según cifras del Gobierno, han sido asesinados 406 firmantes de paz en el país.

¿Cómo va la implementación del acuerdo de paz?

Un análisis hecho por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, la implementación del acuerdo de paz firmado con las antiguas Farc ha transitado un camino lleno de retos, marcado por avances y también por baches que ponen en duda la sostenibilidad de lo pactado.

Sobre el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia transicional, Dejusticia señala que aunque el reconocimiento de las víctimas se ha puesto como eje central para la construcción de la paz, y se han presentado avances importantes en términos de esclarecimiento y reconocimiento de responsabilidades en el conflicto armado; aún no hay sanciones contundentes por parte de la JEP.

El centro de estudios también resalta que hace falta abordar la sostenibilidad del programa de reparación de víctimas, abordar la crisis de seguridad que pone en riesgo a los campesinos y firmantes instalados en los territorios PDET, y aplicar un enfoque antidrogas que no se centre en la persecución de los cultivadores.

Sin duda, uno de los pasos más importantes frente a la implementación del acuerdo y el esclarecimiento por parte de la JEP de los crímenes cometidos durante el conflicto, tiene que ver con la apertura del macro caso 11 que investigará las violencias basadas en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Le puede interesar: ¿Otty Patiño dejará de ser jefe del equipo negociador del Gobierno con el ELN?

No obstante, Dejusticia revela que de 109 medidas con enfoque de género incluidas en el acuerdo, solamente dos han sido implementadas a cabalidad, 37 están a medias, seis existen pero no se han puesto en marcha, 20 se quedaron en el papel y 44 no cuentan con ninguna información.

Los retos para alcanzar la paz

Al acto conmemorativo, que se llevó a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, estaba invitado el presidente Gustavo Petro, sin embargo, por temas de agenda privada no llegó. El canciller Álvaro Leyva fue el encargado, más tarde, de pronunciarse respecto al acuerdo.

Al respecto, Leyva expresó que lo firmado es "un modelo para el mundo, así las circunstancias de lo que viene sucediendo, pudieran ir en contravía de ese propósito". Actualmente, en el marco de la política de paz total, el Gobierno ha tenido que enfrentar duros retos en sus intentos de negociar con grupos armados como el ELN, estructuras paramilitares y las disidencias de las Farc.

Un informe entregado por la ONU el pasado 5 de octubre, señaló que durante el primer año del Gobierno Petro se pusieron en marcha avances importantes como el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc y el restablecimiento de los diálogos con el ELN.

No obstante, la entrega recalcó la necesidad de cumplir los compromisos del Estado con las comunidades vulnerables, además de reforzar la presencia estatal en todos los territorios y acelerar la aplicación de la reforma rural integral para la restitución de tierras a campesinos y víctimas del conflicto. 

Para Naciones Unidas, la violencia contra firmantes de paz sigue siendo uno de los grandes retos en la implementación de acuerdo, al igual que la puesta en marcha de estrategias contundentes que permitan cesar los desplazamientos, confinamientos y asesinatos de civiles atrapados en medio de zonas de conflicto.