Colombiamayo 02, 2022hace 2 meses

Defensoría advierte riesgos en Bojayá por presencia de grupos armados

A 20 años de la masacre en Bojayá, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para atender la difícil situación humanitaria del municipio.

Defensoría pide atender situación por violencia en BojayáDefensoría pide atender situación por violencia en Bojayá/Foto: @ComisionVerdadC/Twitter.

La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación y llamó a las autoridades competentes a atender la difícil situación que enfrentan los habitantes del municipio de Bojayá, Chocó, cuya integridad se encuentra en inminente riesgo de ser vulnerada por la presencia de actores armados en la zona.

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A 20 años de la masacre de Bojayá, en la que fueron asesinadas 79 personas en medio de enfrentamientos entre las Farc y las AUC, la Defensoría recordó las tres alertas tempranas que se han emitido y que advierten del riesgo que corren las comunidades negras e indígenas de la zona, debido al actuar criminal del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Asimismo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, enfatizó en que el fortalecimiento y la expansión de los grupos armados han amenazado constantemente a la población civil en dicha zona del país, poniendo en riesgo a niños, niñas y adolescentes de caer en prácticas de reclutamiento e instrumentalización.

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Allí también se advierten amenazas y riesgos en contra de la población reincorporada, señalamientos, estigmatización y amenazas en contra de familiares de personas a las cuales se les sindica de ser colaboradores de los actores armados en disputa, al igual que en contra de autoridades étnico-territoriales y líderes comunitarios, lo cual ha derivado en desplazamientos individuales.

En términos de cifras, el Ministerio Público insistió en que, entre 2017 y lo que va del 2022, se han reportado 16.927 víctimas de confinamiento y 1.438 que han sufrido desplazamiento forzado por el actuar criminal de los grupos.

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Además, se dejó en claro que la situación que se vive en Bojayá genera graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pues deja a civiles en medio de disputas relacionadas con la expansión y control de las rutas de narcotráfico que atraviesan la parte alta de las cuencas de los ríos Napipí, Opogadó y Bojayá, y que comunica con el Bajo Atrato, el sureste antioqueño y el Pacífico colombiano.

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