Exfuncionario de la U. Distrital deberá pagar 22 años de cárcel por apropiación de recursos

Este miércoles se escribió un nuevo capítulo en el caso del escándalo por la apropiación de más de 12.000 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Extensión de la Universidad Distrital, por parte de su entonces director, Wilman Muños Prieto, y está orientado a no dejar impune el tan sonado crimen.

Precisamente, este nuevo capítulo, el del castigo al responsable, se escribió este 27 de octubre cuando los organismos judiciales, más exactamente una juez del circuito de Bogotá, emitió el fallo condenatorio en contra de Muñoz Prieto, luego de que este aceptara los cargos que le habían sido imputados: peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

La decisión judicial proferida, señala que el entonces director del Fondo de Extensión de la Universidad Distrital, deberá purgar una pena de más de 22 años de cárcel, además de reembolsar los 12.209 millones que se apropió, y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 270 meses.

De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía, durante la audiencia, la juez negó la retractación del señalado, quien busco reversar el allanamiento de cargos, descartando a su vez que el condenado pueda acogerse a algún beneficio de reducción de penas.

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Lo anterior, en tanto, según las autoridades, a la fecha, el confeso delincuente, no ha regresado ni el 50% de los dineros que se apropió.

Los hechos por los que es juzgado Muñoz Prieto tuvieron lugar entre los años 2012 y 2019, cuando el entonces director del Idexud era el responsable de la suscripción de convenios y contratos, en un órgano de la Universidad Distrital que goza de autonomía presupuestal.

Según la investigación, Muñoz se apropio de dineros que fueron invertidos en la adquisición de inmuebles, lotes, vehículos de alta gama, artículos tecnológicos, vestuario, y viajes y lujos, además de financiar campañas electorales al interior de la referida institución educativa.

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De igual modo, la Fiscalía reveló que el gasto ilegal de más de 12.000 millones de pesos, para beneficio particular, fue ejecutado a través de la expedición de 369 cheques que se giró a nombre propio, además del uso de la tarjeta de crédito correspondiente a la dependencia.

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