Exdirector del DPS fue vinculado a investigación por escándalo de corrupción

En el marco de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en contratos, caso en el que está implicado el senador Ciro Ramírez, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre García, fue formalmente vinculado.

Durante una diligencia, la Fiscalía le imputó a Pierre García los delitos de concierto para delinquir y celebración indebida de contratos. Sin embargo, a pesar de ser señalado por su presunta participación en el escándalo, no aceptó los cargos.

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La fiscal del caso cuestionó durante la audiencia cómo una entidad como el Departamento de Prosperidad Social no vigiló la contratación.

Por su parte, García manifestó que es inocente y que trabajará con sus apoderados en su defensa. Es de señalar que la audiencia de medida de aseguramiento en contra del exfuncionario fue agendada para el 17, 18, 23 y 24 de enero de 2024.

Caso Ciro Ramírez y Mario Castaño

Esta nueva decisión se da en el marco de la investigación que se adelanta contra el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien fue capturado por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y enviado a la cárcel La Picota.

Fue dictada una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ramírez por presuntas irregularidades en contratos, puntualmente por presunto “concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”.

La investigación fue abierta formalmente en junio de 2023, cuando la Corte llamó a indagatoria al senador para declarar por su presunto vínculo con una organización liderada por el fallecido excongresista Mario Castaño, quien fue condenado por 19 delitos a pagar una pena de 15 años en la cárcel.

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Así las cosas, Ramírez fue señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y cohecho propio, en calidad de autor; y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en calidad de determinador.

Se investigan entonces varios contratos que involucran la construcción de obras en el departamento de Quindío y Tolima, donde se presume existirían pagos ilícitos en detrimento del patrimonio estatal.