Presupuesto de 2027 terminó por decreto: el artículo que desató la controversia

Aunque el Presupuesto General de la Nación para 2027 fue debatido, votado y aprobado por el Congreso, el Gobierno terminó expidiéndolo por decreto debido a una serie de inconsistencias en el trámite legislativo.

Fuentes consultadas en el Congreso, el Ministerio de Hacienda y la Imprenta Nacional señalaron que uno de los puntos centrales de la controversia estuvo relacionado con el artículo 65 del proyecto, cuya situación jurídica terminó generando confusión durante la discusión final.

El texto aprobado que nunca llegó a publicarse

Según fuentes de la Imprenta Nacional, el texto aprobado por el Senado nunca fue remitido para su publicación en la Gaceta del Congreso. Incluso, dos días después de la discusión legislativa, el documento seguía sin llegar a la entidad, lo que impidió que avanzara el mecanismo inicialmente previsto para adoptar el texto definitivo.

Ante ese escenario, se activó una alternativa conocida en el Capitolio como “votación espejo”, respaldada por un documento que contenía las proposiciones avaladas por el Ministerio de Hacienda. Allí aparecía el polémico artículo 65, considerado el eje de la controversia. Sin embargo, el hecho de que la iniciativa hubiera sido avalada para su trámite no significaba que hubiera sido finalmente aprobada.

De acuerdo con las versiones conocidas, el senador que promovió la modificación terminó retirándola por diferencias relacionadas con la redacción de una de sus expresiones.

Desde el Senado aseguran que esa misma noche la Secretaría remitió un enlace con el texto efectivamente aprobado, en el que quedaba claro que el artículo 65 no había sufrido modificaciones. No obstante, ese documento no habría sido revisado oportunamente por quienes participaron en la consolidación del texto final.

Pese a las inconsistencias del procedimiento, el presupuesto quedó en firme y el Gobierno puede tomar como referencia el texto aprobado por las comisiones económicas conjuntas durante el primer debate, mientras se prepara una iniciativa legislativa que algunos sectores ya denominan como una “ley de rescate” para corregir los vacíos surgidos durante el trámite.

Las denuncias por el llamado “Pacto de Valledupar” llegan a la Comisión de Acusación

Mientras tanto, otro asunto comienza a ganar protagonismo en el escenario político y judicial: las revelaciones relacionadas con el denominado “Pacto de Valledupar”.

Aunque la Fiscalía ya ordenó compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara para que se investiguen señalamientos sobre una supuesta participación del expresidente Gustavo Petro en presiones a excomandantes paramilitares para declarar contra figuras políticas y jurídicas del país, ese expediente aún no ha llegado formalmente a esa instancia.

Sin embargo, ya existen al menos dos denuncias que se sustentan en las investigaciones del periodista Melquisedec Torres y en declaraciones de Angie Rodríguez. Una de ellas fue presentada por el representante Jaime Arizabaleta y la otra por los congresistas de Salvación Nacional Carol Borda y Enrique Gómez.

El desafío ahora será procesar esos expedientes en una Comisión de Acusación que enfrenta una alta congestión. Según las cifras conocidas, actualmente existen cerca de 2.500 procesos pendientes de reparto, de los cuales aproximadamente 300 corresponden a actuaciones relacionadas con el expresidente Petro.

La expectativa es que durante la próxima semana esos casos puedan ser acumulados para proceder con la respectiva asignación y definir el rumbo de las investigaciones.