Este es el funcionario de la Procuraduría capturado por presunta corrupción

Jesús Alejandro Garzón habría exigido $300 millones a un senador para resolver un proceso disciplinario a su favor por el que fue sancionado en 2012.


Noticias RCN

enero 22 de 2021
09:08 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación radicó este viernes en la tarde la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Jesús Alejandro Garzón, el funcionario de la Procuraduría General de la Nación capturado en las últimas horas por una presunta exigencia de 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar a cambio de favorecerlo en un proceso en la entidad.

El capturado Jesús Alejandro Garzón Rincón ingresó a la Procuraduría en 1993 como funcionario de carrera administrativa, incluso llegó en el 2010 a ser procurador regional de Santander, es decir, 27 años de servicios. 

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Sumado a esto fue profesor de universidades como la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Militar Nueva Granada, así como cuenta con especializaciones en derecho disciplinario, clave para su gestión, que lo llevó en el 2016 a ser comisionado para la Personería, donde llegó a la cúpula, y personero encargado de Bogotá. 

Su encargo finalizó y regresó ‘con las pilas puestas’ como asesor en la auxiliar disciplinaria para llegar a manejar casos de alto calibre, sin embargo, una denuncia el 17 diciembre del 2019 puso los reflectores sobre él.

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“informa la exigencia económica presentada por el señor Jesús Alejandro Garzón para ayudar en un resultado de proceso disciplinario contra el senador Richard Aguilar adelantado por la entidad”, se indica en la denuncia.

En ese momento se adelantaron las pesquisas de la Fiscalía que no se detuvo para verificar si la exigencia al senador Aguilar era por un proceso por presuntas irregularidades en contratación en su calidad de gobernador de Santander, lo cual se confirmó y permitió su captura en las últimas horas.

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“Habría exigido la suma de 300 millones de pesos a un senador de la República con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario”, argumentó la Fiscalía. 

Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar varias tutelas.

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