¿Por qué no acabar 'de tajo' la corrupción en Colombia?

Mucho se ha dicho sobre el costo de 50 billones de pesos anuales por la corrupción en Colombia, unas 2 reformas tributarias de las que proponía Duque y por las cuales incendiaron al país hace unos años. Ni el puesto número 87 en el índice de percepción de la corrupción en el mundo, ni el 93,99% de impunidad, según cifras propias de la Secretaría de Transparencia, han logrado combatir este flagelo interminable al que le han hecho decálogos, políticas y condenas públicas de todo tipo en todos los gobiernos, y que parece no acabar porque en definitiva, nunca pasa nada más allá de un indignante titular y las inagotables investigaciones que por lo general terminan en el as bajo la manga de la mayoría de los delincuentes: “el vencimiento de términos”.

Antes de escribir esta columna hablé con varios abogados sobre la pertinencia legal de reformar integralmente la justicia para condenar sin contemplaciones a estos criminales máximos, pero en el acostumbrado argumento jurídico y los vicios interpretativos, se pierde el foco obligado a hacer una ley rigurosa que obligue a devolver los recursos pero además que condene de por vida a estos miserables que son capaces de vestir de necesidades políticas el enriquecimiento individual a costa de las carencias verdaderas de la gente en el país.

Y es que es ahí donde está realmente el vergonzoso alcance de nuestra justicia enredada. No por los fondos objetivos escritos, sino por la interpretación y vacíos investigativos y sólidos para hacer cumplir las mismas leyes. ¿Por qué en los países más serios para los castigos, el nivel de impunidad y los mismos delitos bajan considerablemente con respecto a nuestro candente folclor, auspiciante de estos actos delictivos?

Acá no pretendo hablar de un gobierno único responsable de los atropellos que evidenciamos todos los días. No más entre 2010 y 2023 solo en corrupción administrativa han surgido 57.582 evidencias de las cuales el 93,99% no tienen condena; el 89,7% sin captura, y el 77,15% está en etapa de indagación.

Esta es una pandemia que siempre a abofeteado a nuestro país de forma descarada en todas las corrientes políticas. Sobrecostos de obras inservibles; campañas políticas con dineros de narcos; “soluciones” para las regiones vestidas de progreso solo para los contratistas y quienes otorgan las licitaciones; pagos millonarios en dinero en efectivo; reuniones clandestinas para planear porcentajes; en fin, la creatividad máxima al servicio del hampa.

Un hampa campante que, como si nada, sigue dando entrevistas, haciendo campañas, dando lecciones de comportamiento y jugando en sus mansiones tercerizadas con el hambre y las carencias de los niños, por poner un ejemplo, que aún hoy mueren de hambre en La Guajira, esperando que aparezca alguien que no los use descaradamente solo en las emotivas líneas de las promesas de una campaña política.

Esto es de voluntad, no es de carreta, “derechos humanos sin condiciones” y cuanta excusa leguleya se le quiera dar a la inoperancia de la ley. Acto delictivo demostrado en dos vías sagradas: Abuso a menores de edad y abuso y enriquecimiento con los recursos públicos, deben compartir el mismo rigor y condena, sin ningún tipo de contemplación; con penas vitalicias y ojalá ejemplarizantes. O ¿creen ustedes que no disminuirían significativamente los delitos por estos sucesos si los criminales por primera vez se toman en serio nuestra justicia?

Es hora de tomar con seriedad la responsabilidad social por el cuidado de lo sagrado. Los niños y los recursos de la gente, en ese orden, y así no tengan nada que ver los unos con los otros, siempre son los más vulnerados por las omisiones de nuestra propia justicia, carente de dientes, rigor y ejemplo, para mandar de por vida y sin contemplaciones a los que si quiera piensen en vulnerarla.