La autopsia del olvido: Chocó tras años de abandono

El Chocó volvió a los titulares el 10 de agosto. Un terremoto de magnitud 7.4 puso nuevamente al departamento en el centro de la conversación nacional. Pero antes de los escombros ya existía una emergencia mucho más antigua: la de un territorio que durante décadas ha aparecido en las noticias cuando hay una tragedia, una inundación, una crisis sanitaria, violencia o un escándalo por el manejo de recursos públicos.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente qué haremos después del terremoto. Deberíamos preguntarnos por qué Colombia vuelve a mirar al Chocó solo cuando ocurre una tragedia y vuelve a olvidarlo cuando desaparecen las cámaras. Explicar esta realidad únicamente como “abandono del Estado” también sería insuficiente. El territorio enfrenta dificultades geográficas y de conectividad, dispersión poblacional, pobreza, violencia y economías ilícitas. Pero también existen problemas institucionales de planeación, ejecución, coordinación y capacidad administrativa que llevan años documentándose.

Y aquí aparece una precisión fundamental: el problema no es que al Chocó no lleguen recursos. En 2024, el departamento recibió $710.052 millones en transferencias, de los cuales el 98% correspondió al Sistema General de Participaciones (SGP), recursos destinados principalmente a financiar servicios como educación y salud. Ese mismo año, el departamento recaudó $941.269 millones de ingresos diferentes al Sistema General de Regalías, equivalentes al 102% de su presupuesto definitivo.

El problema aparece cuando seguimos la ruta de ese dinero. En 2024, el Chocó comprometió $874.249 millones de recursos diferentes a regalías: el 95% de la apropiación definitiva. De ese monto, $795.101 millones fueron inversión y $78.944 millones funcionamiento. La inversión creció 26% frente a 2023.

¿En qué se invirtió? Principalmente en educación y salud. El 81% de la inversión ejecutada correspondió a educación y el 10% a salud. En educación se comprometieron $647.744 millones y en salud $81.745 millones. Esto cambia la pregunta. No podemos limitarnos a preguntar cuánto dinero recibe el Chocó. Hay que preguntar qué resultados produce ese dinero, cuánto tarda en convertirse en obras y servicios y qué ocurre cuando la ejecución no alcanza.

El propio Ministerio de Hacienda encontró una señal que merece atención: al terminar 2024, el departamento tenía $112.176 millones disponibles en caja y bancos, y al analizar el resultado presupuestal señaló que los recursos sin comprometer podían reflejar deficiencias en su utilización y recomendó mejorar la planeación presupuestal y financiera. En regalías, la situación también muestra una brecha entre recursos y ejecución. Para el bienio 2023-2024, el nivel de ejecución del Sistema General de Regalías fue de 66%, mientras quedaron $51.827 millones entre los recursos presupuestados y los compromisos realizados.

Eso no demuestra por sí mismo corrupción. Y es importante decirlo. Un recurso no ejecutado no equivale automáticamente a un recurso robado. Puede obedecer a problemas de planeación, contratación, formulación de proyectos, permisos, capacidades técnicas o dificultades territoriales. Precisamente por eso necesitamos mirar la cadena completa: apropiación, contratación, ejecución física, ejecución financiera, entrega y resultado.

Porque mientras esa discusión presupuestal ocurre, los indicadores sociales siguen mostrando una brecha enorme. En 2024, el 67.4% de la población del Chocó estaba en pobreza monetaria, la cifra más alta entre los departamentos del país. La siguiente fue La Guajira, con 65.7%. En pobreza multidimensional, Chocó pasó de 33.9% en 2024 a 30.8% en 2025. Es una reducción de 3.1 puntos porcentuales que debe reconocerse, pero continúa estando tres veces por encima del promedio nacional que se ubica en 9.9%.

La fotografía de las necesidades básicas también es contundente. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 ubicó la incidencia de NBI del Chocó en 65.4%, la más alta del país. Y cuando hablamos de necesidades básicas, hablamos literalmente de servicios que deberían ser el piso mínimo de cualquier política pública. En 2018, solo 35.2% de los hogares del Chocó tenía acceso a acueducto y 21.8% a alcantarillado, frente a 86.9% y 74.7% respectivamente en el promedio nacional. Solo el 84.9% tenía energía eléctrica.

Más preocupante todavía: 50.1% de los hogares chocoanos decía utilizar el agua tal como la obtenía, sin hervirla, filtrarla ni comprarla embotellada. La salud muestra que estas brechas no son nuevas. La Corte Constitucional lleva años haciendo seguimiento específico al sistema de salud del Chocó. En 2015 documentó, entre otros problemas del Hospital San Francisco de Asís, insuficiencia de medicamentos, falta de personal, dificultades administrativas, ambulancias e infraestructura, y declaró la ausencia de medidas estatales integrales para superar los obstáculos de acceso.

Una década después, la Corte continúa haciendo seguimiento a la situación del hospital y a las condiciones necesarias para garantizar un segundo nivel de atención en el departamento. La educación ofrece quizás la imagen más clara de cómo se reproduce la desigualdad. En 2018, 90.9% de los niños y adolescentes chocoanos entre 5 y 16 años asistían a un establecimiento educativo, pero en las zonas rurales y dispersas la cifra bajaba a 87.9%.

Y el verdadero problema aparece cuando seguimos la trayectoria. En 2022, la cobertura neta era de 87.14% en primaria, 59.33% en secundaria y apenas 28.68% en media. Es decir, de cada 100 jóvenes en la edad correspondiente a educación media, menos de 29 estaban efectivamente cubiertos por ese nivel. La brecha continúa después del colegio. En 2024, la cobertura de educación superior en Chocó fue de 31.43%, frente a 57.53% en Colombia: una diferencia de 26.1 puntos porcentuales.

Esto permite ver el problema de otra manera: el embudo educativo se estrecha a medida que los jóvenes avanzan. El desafío no es solamente lograr que entren a la escuela; es garantizar que permanezcan, terminen la educación media y tengan una posibilidad real de continuar su formación en la educación superior.

Por eso el abandono del Chocó no puede resolverse con una transferencia adicional, una obra aislada o una ayuda después de cada desastre. Necesitamos fortalecer la capacidad institucional que convierte los recursos en resultados: equipos técnicos permanentes para formular proyectos, mejor contratación, seguimiento público de la ejecución física y financiera, sistemas de abastecimiento de medicamentos, infraestructura sanitaria, conectividad, educación rural y mecanismos de evaluación que permitan saber qué cambió gracias a cada peso invertido.

Y aquí la descentralización debe dejar de confundirse con abandono. Descentralizar no significa transferir responsabilidades y dejar solos a los territorios. Significa entregar recursos, capacidades técnicas y autonomía para decidir, acompañadas de controles y responsabilidad por los resultados. El Estado colombiano debe garantizar las condiciones y el financiamiento; los departamentos y municipios deben tener capacidad para ejecutar; las comunidades deben participar en las decisiones que afectan sus territorios; y los organismos de control deben vigilar que los recursos cumplan su propósito.

El terremoto no creó la vulnerabilidad del Chocó. La hizo visible.

Por eso reconstruir no puede significar solamente levantar las viviendas destruidas el 10 de agosto. Tiene que significar construir hospitales que funcionen, escuelas donde los jóvenes puedan llegar hasta grado 11, oportunidades para acceder a la educación superior, sistemas de agua y saneamiento que funcionen y una institucionalidad capaz de ejecutar los recursos que ya existen. El Chocó no necesita lástima. Necesita Estado, capacidad y resultados. Porque una política pública no debería medirse solamente por cuánto dinero se anuncia, cuánto se gira o cuánto se contrata.

Debe medirse por algo mucho más sencillo: si una familia tiene agua, si un niño termina el colegio, si un joven puede llegar a la universidad, si un paciente encuentra su medicamento y si una comunidad puede construir su futuro sin tener que esperar a que ocurra una tragedia para que Colombia vuelva a mirarla. El Chocó no debería volver a los titulares cada vez que tiembla, se inunda o aparece un escándalo. La verdadera reconstrucción será lograr que Colombia no vuelva a olvidarlo cuando las cámaras se apaguen.