¿Notificados?

La intención inicial de este texto era escribir sobre las marchas que convocó el propio presidente Petro con el pretexto de defender el primer gobierno progresista de nuestra historia. La columna pretendía resolver una pregunta generalizada por estos días: ¿Por qué marchan los afectos al gobierno? Y quizá resulten más interrogantes que respuestas: ¿Para defender el nombramiento de Benedetti como embajador en la FAO?, ¿Por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos? ¿Por el aumento de cultivos ilícitos? ¿Tal vez por los regaños del presidente a sus ministros por la ineficiencia en su gestión?, por mencionar solo algunos motivos que nos da el gobierno para "celebrar". Pero como suele suceder en este país las cosas tuvieron un giro inesperado que no sospeché siquiera en mis más avezados pensamientos.

Las marchas evidentemente no fueron multitudinarias, como seguramente el gobierno lo esperaba, fuentes oficiales aseguran que no hubo violencia, ni heridos, es verdad, pero omiten mencionar las agresiones de las que fueron víctimas varios periodistas, hostigados y limitados para cumplir su función, no pudieron llevar los logos de los medios para los que trabajan y algunos tuvieron que retirarse escoltados por gestores de convivencia ante las amenazas y empujones. Eso también es violencia.

Pero más allá de este episodio no menor, lo que sacudió al país fue el asedio al Palacio de Justicia. Desde el gobierno quieren minimizar el hecho e incluso algunos lo niegan a pesar de lo evidente. No fueron cuatro desadaptados ni fue un breve momento de gases ni fue que los magistrados quisieron quedarse trabajando. No, no se puede desmontar semejante agresión con argumentos tan simplistas y traídos de los cabellos. Lo que ocurrió la tarde del pasado jueves es gravísimo y nadie puede negarlo.

Intentar violentar la sede de la justicia es un sacrilegio inaceptable, llevar banderas del M-19 y ondearlas en el mismo lugar donde hace 39 años ese grupo guerrillero irrumpió a sangre y fuego, con las consecuencias que todos conocemos, es un insulto que llega hasta lo más profundo; pretender presionar a la Corte Suprema de Justicia para que escoja una nueva fiscal no es una opción en ningún país que quiera considerarse demócrata.

Claro que los ciudadanos pueden marchar y apoyar a quien les parezca, lo que no puede pasar es que se utilice ese sagrado derecho para violentar a alguien para eso los países tienen instancias que facilitan el trámite de las necesidades de los ciudadanos como el Congreso o la misma figura del presidente, pero ahí es donde debe existir una división de poderes. En el 91 se redactó una Constitución moderna y garantista, centrada en el ciudadano; recursos como la tutela o una institución como la Defensoría del Pueblo surgieron de una discusión sensata que reunió todos los matices de pensamiento del país. Pero si alguien de un plumazo quiere incitar a que nos pasemos por encima la mínima estructura de Estado de Derecho pues sería ir camino a una dictadura o la ley de la selva. Por eso es tan lamentable y peligroso lo sucedido esa triste tarde en el Palacio de Justicia.

¿Será que se trata de una notificación de cómo van a ser las cosas de aquí en adelante? No es difícil imaginar qué podría presentarse en la próxima sesión de la Corte para elegir Fiscal o durante las discusiones en el Congreso de las reformas que el gobierno propone para la salud y las pensiones. ¿Tendrán congresistas y magistrados la amenaza permanente de grupos radicales? Eso no puede pasar.

La vehemente reacción de distintos y muy importantes sectores refleja la indignación que produjo semejante ataque, todos cerraron filas en torno a la Corte Suprema, nadie quiere que esto se repita. Normalizar semejante atropello sería aceptar estos hechos como una notificación perentoria que rápidamente se convertiría en otra vergüenza para llevar sobre los hombros. Aferrémonos a la Constitución, ahí está el espíritu de esta Nación y hagamos oídos sordos a los discursos incendiarios y divisionistas que vienen de lado y lado; más bien quedémonos con las palabras del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, nunca más ciertas y nunca más oportunas:

"La democracia está en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia", Cuánta sensatez en solo 23 palabras.