Petro expropiando el ahorro de los pobres y los gremios económicos callados

El candidato presidencial Gustavo Petro propuso en días pasados “entregar un bono pensional de $500.000 mensuales para tres millones de personas que hoy no tienen recursos en su vejez.”. Los recursos saldrían, dijo Petro, de una reforma pensional consistente “en un sistema de pilares: en lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones para ahorro individual (…), usted manda esa plata a un fondo público. Con eso se pagan las actuales pensiones y, por ende, se libera al Estado de $18 billones”. 

La propuesta estuvo acompañada de afirmaciones mendaces sobre el sistema de ahorro pensional privado, categóricamente desmentidas por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía -Asofondos-, la cual le precisó, entre otras cosas, que:

(i) los aportes a los fondos de pensiones son privados y no públicos; 

(ii) las comisiones por administración no son del 30% sino del 3%; 

(iii) los fondos privados sí dan pensión y 

(iv) “Cambiar la distribución de recursos de los afiliados es en la práctica expropiar a los ahorros para pensiones. La plata que se va a gastar en el bono pensional de quienes por la informalidad no tienen ahorros, está guardada para pagar las pensiones de los afiliados que sí cotizan para pensiones, pero que aún no llegan a la edad de pensión. Al gastarse esos recursos, no habría con qué pagar las pensiones de quienes hoy tienen 20, 30, 40 años. Quitarles recursos a los que ahorran juiciosamente, para darlos a otros, es tapar un hueco para abrir otro peor.”

La propuesta de Petro parece inspirada en lo que hizo Argentina en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el cual, según datos del analista económico Jorge Llano, expropió en el año 2009 ahorros pensionales privados por 30.000 millones de dólares, en lo que Llano califica como “la expropiación más grande que ha existido en la historia, porque fue toda la plata de los afiliados que se pasó a un sistema supremamente opaco, en el que nadie sabía cómo se está utilizando el dinero y esa plata obviamente se acabó”.

La propuesta es, francamente, descabellada y no merecería mayor análisis si no fuere por lo peligrosa que es. Con ella llegarían las expropiaciones del ahorro y quién sabe de qué más, que son un atentado a la democracia y a la propiedad privada, además de ser antieconómicas. Analistas destacados se han encargado de destrozarla e igualmente lo han hecho analistas argentinos que vivieron ya lo que significó la expropiación de sus ahorros.

Esa expropiación alcanzaría en Colombia proporciones mayúsculas: (i) los afiliados a los fondos privados de pensiones son 17’937.060 colombianos, que han ahorrado 358 billones de pesos por concepto de pensiones obligatorias; (ii) 8’842.007 de afiliados tienen cesantías en dichos fondos por valor de 16,2 billones y (iii) y 831.035 afiliados tienen en sus cuentas individuales por concepto de pensiones voluntarias, 25,7 billones. 

Petro, en lugar de estimular el ahorro, quiere expropiarlo.

A este respecto considero de la mayor importancia mencionar, muy a mi pesar, la posición silenciosa -casi que cómplice, si no se rectifica- de los gremios de la producción y el comercio frente a este tema, que afecta directamente a la organización empresarial y que es fundamento de la economía de mercado. 

La excepción es Asofondos, gremio que representa la actividad de las sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de Colombia, pero es que el problema atañe no solo a los dueños de las mencionadas sociedades administradoras y a Asofondos sino, más importante, a todos los afiliados a los fondos privados de pensiones, es decir, mayormente a los empleados de las empresas, esas mismas que están afiliadas a la ANDI, Fasecolda, Asobancaria, entre otros, por lo cual estos gremios no pueden dejar sola a Asofondos en la defensa del sistema de ahorro privado pensional. Es contra esos empleados que va primeramente la propuesta de Petro.

No es comprensible el silencio de estos gremios económicos y del Consejo Gremial frente a la expropiación anunciada. Están desaparecidos. Se les olvidó que deben defender con vigor, con ahínco, a los empleados de sus empresas afiliadas y a la libre empresa. Se les olvidó que hoy podrían expropiar el ahorro pensional, pero mañana a las empresas mismas y es de todos sabido que Petro ha criticado dura, continua y concretamente a algunas de ellas, sólo por mostrar discrepancia con sus ideas.  

Todos los empresarios -y no solo unos pocos- están en el deber de defender a sus empleados, de pronunciarse, en lugar de enterrar la cabeza como el avestruz, como ya hicieron en el gobierno Santos con ocasión del Acuerdo de Paz y de la reforma tributaria que aquel impulsó. Industriales y los gremios económicos deben dejar de lado su tradicional timidez y pasividad o el enfoque solo en sus particulares intereses, para asumir un papel más activo e involucrarse más a fondo en la cuestión política y apoyar sin titubeos ni timideces la libre empresa, la propiedad privada, la democracia, la institucionalidad. Lo sucedido recientemente en Perú y en Chile, y antes en Venezuela y Nicaragua, es algo que no puede perderse de vista en ningún momento. Es que, como he dicho en otras ocasiones, no se puede ser vergonzante en la defensa de la economía de mercado y menos aún cuando es notorio el fracaso de los países que han adoptado esquemas distintos.  

Por haberlo acompañado en su gestión recuerdo muy bien, con respeto y admiración, cómo Augusto López, entonces presidente de Bavaria, fue al Congreso de la República a defender los intereses de Bavaria, que querían ser socavados por el gobierno de entonces mediante una malsana reforma tributaria. 

Es hora de que el Consejo Gremial y sus integrantes demuestren liderazgo semejante y, además, de qué están hechos y más ahora en que se advierte el declive de los partidos tradicionales. Estos últimos están buscando explicaciones para ese declive e, independientemente de que sea o no cierto, endilgando culpas al presidente Duque por no haber asumido compromiso con el partido que lo eligió o no haber hecho más para no llegar a la actual situación, en la que un candidato que representa lo opuesto a los principios y valores mencionados ocupa el primer lugar en las encuestas presidenciales. 

El juicio al presidente Duque lo hará la historia si quien llega a sucederlo es ese candidato y en tal caso ese legado será difícil de digerir pero, más allá de eso, habrá otro juicio, el que se hará a aquellos empresarios que no mostraron decisión para defender los principios y valores que les sirvieron de fundamento para crear y mantener las empresas que hoy regentan. 

Posdata: Se han producido serios cuestionamientos al sistema electoral, el cual, contrariamente a lo que afirma el registrador, no es a prueba de fraude ni la presencia de observadores internacionales lo evita, como se constató en Venezuela. Ni tiene razón Duque cuando en días pasados lo avaló. Hay que reformar tanto el Consejo Nacional Electoral -que, dicho sea de paso, no ha querido fijar fecha para la revocatoria del alcalde petrista de Medellín y no hay autoridad que se lo exija-, como el sistema de escogencia del registrador, cuya última designación recayó en alguien que no tiene los méritos para ocupar el cargo. Se nos está yendo la democracia por el sistema actual o, mejor, parece que se nos fue, por no haberlo reformado antes.