Algoritmos parecen “promover” anuncios en redes sociales para reclutar a niños en Colombia: HRW
Según el informe, reclutadores civiles reciben 1.000 dólares por cada menor al que suman a las filas de los grupos armados.
Jorge Leonardo Alzate
07:33 a. m.
A primera hora del lunes, 24 de agosto, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó el informe “‘Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá’: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia de 124 páginas”, en el que advierte una realidad inquietante:
En palabras de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, “los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad, los sistemas de protección están fallando y las plataformas de redes sociales se han convertido en terreno fértil para el reclutamiento”.
Desde 2021, más de 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados en Colombia. Los casos aumentaron de forma dramática desde 2023 y casi la mitad de las víctimas de este delito provienen de comunidades indígenas.
Reclutamiento de menores de edad en las redes sociales ¿Cómo actúan los grupos armados?
Los investigadores de HRW identificaron y analizaron “más de 70 cuentas y 40 publicaciones en plataformas de redes sociales como Facebook y TikTok que glorificaban la pertenencia a grupos armados e invitaban a usuarios a unirse a ellos”.
Con falsas ofertas de trabajo, que adornan con narcocorridos e imágenes de dinero en efectivo y objetos de lujo, llegan a niños en condición de pobreza, ofreciendo “poder, dinero y prestigio”. Estos niños se enfrentan además a “la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación”.
Pero lo más preocupante es que las plataformas digitales “no han sido efectivas detectando ni eliminando dicho contenido, y tampoco han prevenido adecuadamente su difusión”. Por el contrario, “en algunos casos, sus algoritmos parecían promover estas publicaciones, lo que muy probablemente amplió considerablemente el alcance de los grupos armados”.
HRW contactó a las casas matrices de ambas plataformas: Meta (Facebook) y ByteDance (TikTok) y en ambos casos afirmaron contar con mecanismos para prevenir este tipo de publicaciones y eliminar los perfiles que encontró la organización.
El Gobierno se queda corto frente a unos grupos armados fortalecidos y en constante actualización:
Mientras los reclutadores civiles reciben 1.000 dólares por cada menor de edad al que logran sumar a las filas de grupos armados, como las disidencias de las Farc, “las políticas y estrategias gubernamentales para prevenir el reclutamiento de niños y niñas, protegerlos, rescatarlos de los grupos armados, y garantizar la recuperación y reintegración de los desvinculados, presentan graves deficiencias”.
No es clara la hoja de ruta y los recursos disponibles para poner en marcha la “desactualizada” Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO) de 2018. Y la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) enfrenta problemas similares.
Además, los menores “reclutados por grupos considerados partes del conflicto armado ingresan a un programa especializado y tienen derecho a recibir reparaciones, mientras que los que han sido utilizados por grupos delictivos organizados—que no son partes del conflicto armado—pueden ser procesados penalmente o enviados a un programa común para todos los niños y niñas víctimas de cualquier forma de abuso”.
El llamado al Gobierno de Abelardo de la Espriella es a trabajar, desde su primer año, en una política de seguridad y justicia contra el reclutamiento de menores, que ha dado lugar a una investigación penal en un 1% de los casos y ha logrado condenas en solo un 0,2% y a las plataformas digitales, a “llevar a cabo procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, evaluar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los riesgos que sus sistemas puedan generar para el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados”.
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