Asesino de niñas de 10 y 15 años está a punto de quedar en libertad tras pagar solo 6 años

Cuatro años después de su captura Ricardo Enrique González Tovar fue condenado a 45 años y 8 meses de cárcel por el asesinato de sus hijas de 10 y 15 años y ahora está a punto de obtener la libertad condicional tras haber pagado solo 6 años de prisión.

La defensa del homicida, quien permanece en la cárcel Modelo de Bogotá, apeló la decisión del juez hace dos años y está a la espera del fallo. Sin embargo, una modificación en la ley le daría la libertad en cualquier momento.

"El término que tiene la jurisdicción penal, la justicia, para dirimir el proceso penal de una persona que tiene medida de aseguramiento, no puede exceder de un año", explicó el abogado de las víctimas, Antonio Laitano.

De acuerdo a la modificación de la ley que empezó a regir desde el primero de julio, la justicia no estaría teniendo en cuenta a los detenidos sobre quienes pesan fallos condenatorios en primera instancia.

"En Colombia no existe un solo proceso que pueda definirse en un año", apuntó el abogado.

La excompañera sentimental del condenado, quien vio morir a sus hijas y se salvó milagrosamente del ataque, ahora teme que la justicia la deje nuevamente expuesta al peligro.

¿Qué dicen los expertos?

Expertos penalistas consultados por Noticias RCN aseguraron que el Gobierno no reguló la ley que permite ese tipo de excarcelaciones y el desbordamiento del sistema judicial admite que casos como este se repitan.

El Coordinador del área penal de la universidad del Rosario advirtió que el Gobierno y el Congreso tienen que regular la normativa relacionada con la prisión preventiva  para evitar una masiva excarcelación de presos.

"En principio el riesgo está latente y sí habría riesgo de este tipo de excarcelación si efectivamente no se cumple con los términos establecidos", dijo Álvaro Garzón.

Por su parte, el abogado Francisco Bernate aseguró que la Fiscalía puede emplear herramientas para casos contra menores.

"Cuando son delitos graves contra menores, contra el patrimonio público, en general crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía puede pedir que este término se prorrogue hasta un año más", dijo Bernate.

Los expertos concluyeron que la normativa busca que no se prolongue de manera indefinida la detención preventiva de una persona, pero el Congreso debe legislar en la materia para que delitos graves no sean sujeto de estos beneficios.

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