Exsecretario de Movilidad de Medellín y otros dos exfuncionarios fueron imputados por la Fiscalía
Los implicados enfrentan imputación de cargos por presuntas irregularidades en millonario contrato de obra pública.
Noticias RCN
07:44 p. m.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su cuenta oficial en X, informó que imputó a tres exfuncionarios de la administración de Medellín.
Esto, por su posible implicación en anomalías detectadas en un contrato interadministrativo relacionado con adecuaciones en el espacio público y reparcheo de vías, cuyo valor supera los 16.000 millones de pesos.
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Los implicados son Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura; y Santiago Ortega Mateos, excontratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). A los tres se les imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El contrato, suscrito entre el 28 y 29 de junio de 2023, fue firmado por la Secretaría de Movilidad y delegó a Metroplús tareas como la demolición de estructuras existentes, excavaciones, adecuación de andenes y mantenimiento de pavimentos, entre otras obras de infraestructura vial en varias comunas de la ciudad.
No obstante, la Fiscalía señaló que las obras de carácter civil debieron estar a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física, junto con la Secretaría de Servicios y Suministros, ya que la Secretaría de Movilidad carece de competencia para este tipo de intervenciones, estando su función limitada a señalización y semaforización.
Entre los hallazgos de la investigación se evidenció que el proceso fue adelantado mediante selección directa, evitando una licitación pública. Además, se detectaron faltas en los estudios previos, como la ausencia de análisis del sector, justificación presupuestal y evaluación de riesgos.
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Otro punto crítico fue la suscripción del contrato en medio de la Ley de Garantías, la cual restringe la celebración de convenios administrativos a funcionarios del orden municipal o departamental durante los cuatro meses previos a una elección.
Según los elementos probatorios recabados, López Giraldo habría intervenido en la elaboración de documentos técnicos clave del proceso, mientras que Ortega Mateos habría brindado asesoría a la Secretaría de Movilidad para facilitar la suscripción del contrato.
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