Imputan a Daniel Quintero por presuntas irregularidades en modificación del POT de Medellín
Según la Fiscalía, el exmandatario habría incurrido en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
Noticias RCN
06:40 p. m.
La Fiscalía General de la Nación imputó este 8 de abril cargos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.
Imputan cargos contra el exalcalde Daniel Quintero
Según el ente acusador, el exmandatario habría incurrido en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
La investigación se centra en la decisión del entonces alcalde de cambiar, mediante decreto, el uso del suelo del lote conocido como Aguas Vivas.
Esta modificación incrementó el valor del predio de 2.700 millones a casi 43.000 millones de pesos.
Según la información del caso, posteriormente, el terreno fue devuelto a sus antiguos propietarios, quienes lo habían entregado inicialmente al municipio como parte de una compensación urbanística.
Durante la audiencia, la fiscal del caso, identificada como Yarlecy Mena, argumentó que Quintero habría contrariado las disposiciones vigentes del POT, actuando por fuera de los procedimientos establecidos para este tipo de modificaciones.
Además, enfatizó que el exalcalde no tomó medidas contra los funcionarios que facilitaron la devolución del terreno, beneficiando así a particulares con un aumento sustancial en la valorización del predio.
¿Por qué imputaron cargos contra Daniel Quintero?
La Fiscalía sostiene que esta actuación no solo transgredió la normativa urbana, sino que también generó un perjuicio patrimonial para la ciudad.
Cabe mencionar que la imputación marca un nuevo episodio en el escrutinio judicial que enfrenta el exalcalde, quien en el pasado ha sido una figura controversial.
Hasta el momento, Quintero no ha emitido una declaración oficial sobre la imputación.
Sa justicia deberá determinar si existen méritos para avanzar a una etapa de juicio, en la que se evaluarán las pruebas sobre el presunto favorecimiento a terceros y el impacto de la decisión en el patrimonio público.
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