Marcha Patriótica pedirá medidas cautelares a CIDH por el asesinato de sus miembros

El movimiento político Marcha Patriótica anunció que pedirá medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el incremento de asesinatos y ataques contra sus miembros tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

Durante la primera de las audiencias de la jornada, en el 161 período de sesiones de la CIDH, que se celebra estos días en Washington, el colectivo anunció que solicitará esas medidas a través del debido proceso.

Cristian Delgado, representante del movimiento, insistió ante los comisionados que hay "una violación sistemática" de los derechos humanos de los que los defienden en el país e insistió en que el 92 % de los asesinatos de sus miembros permanece en la impunidad.

Marcha Patriótica engloba a más de 1.500 organizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos, entre otras, a lo largo del país.

Delgado reiteró que pese al acuerdo de paz, "las violaciones" y la "persecución sistemática" contra los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios continúan y denunció la "estigmatización" de su colectivo tanto por los medios de comunicación como por las altas instancias políticas del país.

Asimismo, Delgado aseguró que en los últimos años al menos 133 miembros de sus colectivo han sido asesinados, 23 de ellos en 2016.

"En todo el país hay una reactivación del fenómeno paramilitar, especialmente en algunos departamentos. (...) Zonas donde antes de que sucedan los asesinatos de los defensores de derechos humanos, les preceden amenazas", afirmó Delgado.

El representante de Marcha Patriótica explicó que se trata de zonas geoestratégicas, donde defensores ambientalistas y líderes que trabajan contra los cultivos ilícitos son los principales objetivos de los grupos criminales.

Por su parte, Pedro Cortés, representante del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, resaltó la especial situación de vulnerabilidad de los líderes de colectivos LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) y afrodescendientes, cuyas comunidades sufren una discriminación añadida por su condición.

Por su parte, María Paulina Riveros, vicefiscal general de Colombia, reconoció "los retos" a los que se enfrenta el país en materia de protección de defensores de derechos humanos, así como la necesidad de "esclarecer" los casos y juzgar a los responsables de los asesinatos.

Tanto los miembros de las organizaciones como los representantes del Estado, reconocieron que la implementación de los acuerdos de paz rubricados el pasado noviembre entre las Farc y el Gobierno ha dejado una especial situación de vulnerabilidad para los líderes sociales, especialmente en zonas donde la presencia estatal e institucional aún es débil. 

EFE