Por fallas en pruebas de covid-19 se han perdido más de $4.000 millones

La Procuraduría y la Contraloría establecieron que en el país 18.548 muestras de covid-19 no pudieron ser procesadas por presentar fallas, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud por más de $4.000 millones.

Los problemas identificados, que tienen como base deficiencias de carácter técnico y fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas, se convierten en factores que agravan la situación de la pandemia.

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En la actuación conjunta se determinó que las muestras tomadas a ese número de ciudadanos no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.

Los organismos de control evidenciaron que:

• 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente.
• 1.556 estaban derramadas.
• 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras.
• 1.169 no cumplían con la cadena de frío y temperatura.
• 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión. De estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10.011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras.

Aún persisten grandes fallas que implican riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta, pues cerca de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus muestras pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios, aunque el sistema de salud sí incurrió en costos económicos.

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Las autoridades exhortaron a las entidades departamentales y distritales y a la Superintendencia Nacional de Salud a que ejerzan vigilancia sobre las IPS de cada jurisdicción, frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para el manejo del covid-19. 

Por su parte, la Contraloría procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal para el Sector Salud, con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal.