Procuraduría investiga presuntas irregularidades en alimentación de reclusas en Bogotá
Según la Procuraduría, el contratista habría incumplido con el suministro adecuado de alimentos para las reclusas en la capital.
Noticias RCN
04:23 p. m.
La Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado, confirmó que dio inicio a una investigación disciplinaria contra Andrés Ernesto Díaz Hernández, exdirector de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, por posibles irregularidades en la contratación del servicio de alimentación para personas privadas de la libertad en Bogotá.
“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el entonces director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, Andrés Ernesto Díaz Hernández, por la presunta entrega irregular de la alimentación a la población privada de la libertad”, se lee en el documento.
En el comunicado se detalla que el proceso también involucra a Jairo Humberto Becerra Rojas, representante legal de la Unión Temporal Nutriuspec 2022, y a Marlon Giovany Gómez Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, quien actuó como interventor del contrato.
Lo que reveló la investigación de la Procuraduría
Según las denuncias, el contratista habría incumplido con el suministro adecuado de alimentos para las reclusas del centro penitenciario y carcelario para mujeres en la capital.
Deficiencias que también habrían afectado estaciones de Policía en diferentes localidades como Chapinero, Fontibón y Usaquén, entre otras, según reportes de un subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
“Al parecer, se habrían presentado incumplimientos por parte de la firma contratista en cuanto al suministro alimenticio que se brinda en el centro penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad para mujeres de Bogotá”.
Los demás implicados por irregularidades en alimentación para personas privadas de la libertad
Con la investigación, la Procuraduría busca determinar si Díaz Hernández falló en sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre el contrato, lo que habría puesto en riesgo la integridad de las reclusas al recibir alimentación ineficiente.
Asimismo, la investigación apunta a aclarar la responsabilidad de Becerra Rojas por los presuntos incumplimientos y de Gómez Jaramillo por su gestión como interventor.
“El Ministerio Público busca establecer las responsabilidades del entonces director de la USPEC frente al seguimiento, vigilancia y control de este negocio jurídico y del representante legal de la Unión Temporal Nutriuspec 2022, que presuntamente puso “en riesgo la integridad de las reclusas afectadas por la ineficiente alimentación suministrada”.
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