Siete embajadores serán investigados por presunta participación indebida en política
El proceso involucra a representantes diplomáticos ante organismos internacionales y gobiernos extranjeros.
Noticias RCN
03:42 p. m.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra siete embajadores de Colombia por presunta participación indebida en política, a tan solo cuatro días de la segunda vuelta presidencial.
El proceso involucra a representantes diplomáticos ante organismos internacionales y gobiernos extranjeros, quienes habrían difundido mensajes en redes sociales interpretados como respaldo a candidatos en la contienda electoral.
Los siete embajadores investigados por la Procuraduría
Los implicados son Luis Ernesto Vargas Silva, embajador ante la Organización de los Estados Americanos; Milton Rengifo Hernández, embajador en Venezuela; José Roberto Acosta Ramos, embajador en Argentina; Luis Fernando Medina Madrid, representante ante la OCDE; Jhenifer María Sindei Mojica Flórez, embajadora ante la FAO; Daniel Ernesto Prado Albarracín, embajador en Bélgica; y Elizabeth García Carrillo, embajadora en Bolivia.
Según la queja presentada por Eduardo Andrés Mestre Rodríguez, los diplomáticos habrían utilizado plataformas como Instagram y X (antes Twitter) para compartir publicaciones con tintes proselitistas, lo que podría configurar una falta disciplinaria al tratarse de servidores públicos.
Contexto electoral de segunda vuelta presidencial
El expediente fue radicado el 17 de junio de 2026 y asignado a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2. La apertura de esta investigación se produce en medio de un ambiente político marcado por denuncias de participación indebida de funcionarios en la campaña presidencial, lo que aumenta la tensión institucional en vísperas de la segunda vuelta.
Elecciones en Colombia: denuncian falta de garantías y participación indebida de funcionarios
La Procuraduría anunció que recopilará pruebas y testimonios para determinar si las conductas denunciadas constituyen una infracción disciplinaria, en un momento en que los organismos de control insisten en la necesidad de garantizar la neutralidad de los servidores públicos en el proceso democrático.
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