Continúan las manifestaciones contra el golpe de Estado en Birmania

Los birmanos se manifestaron por sexto día consecutivo contra el golpe de Estado que derrocó a Aung San Suu Kyi, mientras Estados Unidos anunciaba sanciones contra la junta.

La gente salió a la calle a pesar del miedo a las represalias dos días después de que el uso de la fuerza por parte de la policía causara varios heridos, dos de ellos en estado grave. Incluso una joven recibió un disparo en la cabeza y su situación es crítica.

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Más de 200 personas, incluidos miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, han sido detenidas desde el golpe de Estado del 1 de febrero, según una ONG que ayuda a los presos políticos.

Los manifestantes comenzaron a juntarse desde la mañana del jueves para exigir la liberación de los detenidos, el final de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, muy favorable a las fuerzas armadas.

"¡No vayáis a la oficina!", coreó un grupo de manifestantes delante del banco central de Birmania en Rangún, la capital económica, en respuesta a los llamamientos a la "desobediencia civil" lanzados horas después del golpe de Estado.

"Nos manifestaremos hasta que Aung San Suu Kyi (exjefa de facto del gobierno civil) y Win Myint (expresidente de la República) sean liberados", declaró un empleado del banco. También había protestas en otras ciudades del país, como Mandalay (centro).

"Liberación inmediata"

La comunidad internacional ha condenado la escalada de violencia contra los manifestantes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno estaba reduciendo el acceso de los generales birmanos a mil millones de dólares en fondos en Estados Unidos y dará a conocer más sanciones esta semana. Es "una señal fuerte", estima el analista político con sede en Birmania Richard Horsey.

"Insto una vez más al ejército a liberar inmediatamente a todos los dirigentes políticos elegidos democráticamente y a los activistas", agregó Biden.

La Unión Europea también podría adoptar más sanciones, advirtió Josep Borrell, jefe de la diplomacia del bloque.

Podrían apuntar al jefe de las fuerzas armadas Min Aung Hlaing, autor del golpe de Estado, y a otros generales. Estos ya fueron objeto de medidas de represalias desde los abusos de los militares contra la minoría musulmana de los rohinyás en 2017.

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Los poderosos conglomerados controlados por el ejército también podrían ser blanco de medidas. Las sanciones contra ellos se habían levantado durante el frágil paréntesis democrático de 10 años.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial el viernes en la que se verá la posición de Pekín y Moscú, partidarios tradicionales del ejército birmano en la ONU.

Desde el 6 de febrero, cientos de miles de birmanos se han manifestado. Este viento de protesta es inédito desde el levantamiento popular de 2007, la "Revolución del Azafrán" encabezada por los monjes y reprimida por los militares.

Pero fueron menos multitudinarias en los últimos días. Desde el lunes por la noche las autoridades prohíben las reuniones de más de cinco personas en Rangún, Naipyidó, la capital administrativa, y otras ciudades.

Nuevas detenciones

El riesgo de represión es real en el país, que vivió casi 50 años bajo el yugo de los militares desde su independencia en 1948.

El miércoles por la noche hubo más detenciones, como la del vicepresidente de la cámara baja del parlamento y una persona cercana a Aung San Suu Kyi.

Los militares ya habían asestado un nuevo golpe a la LND con una redada el martes por la noche contra los locales del partido en Rangún.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, ha condenado el uso de la fuerza. "No pueden robar la esperanza y la determinación de un pueblo", escribió.

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El ejército cuestiona las legislativas de noviembre, ganadas por abrumadora mayoría por la LND. Los observadores internacionales no han constatado problemas.

En realidad, los generales temían que su influencia disminuyese tras la victoria de Aung San Suu Kyi, que tal vez hubiera querido cambiar la Constitución.

La Premio Nobel de la Paz, criticada por la comunidad internacional por su pasividad durante las atrocidades cometidas contra los rohinyás, estuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años por su oposición a la junta y el pueblo la adora.

Según su partido está bajo arresto domiciliario en Naipyidó pero se encuentra "bien de salud".

NoticiasRCN.com - AFP