Unidad Investigativa: presunta manipulación de pruebas de la masacre de Santo Domingo

Giovanni Álvarez es el actual director de la unidad de investigación de la JEP, y recientemente es recordado por nombrar al fiscal de ese tribunal Carlos Bermeo, involucrado en un presunto caso de corrupción.

En el año 2000, Álvarez era en la Fiscalía de derechos humanos el segundo de Pedro Díaz, quien será investigado por la comisión de acusación de la Cámara por presunta manipulación de pruebas de la masacre de Santo Domingo, Arauca. En un comunicado Giovanni Álvarez se refirió al caso.

El hoy fiscal de la JEP asistió a Pedro Díaz en la cuestionada diligencia del año 2000 en la que recogieron pruebas y testimonios en el lugar de los hechos, 14 meses después de la masacre. Giovanni Álvarez aseguró que el proceso por los hechos de Santo Domingo ya fue resuelto en los juzgados penales de Colombia.

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Según éste documento, la Fiscalía en el 2017 citó a declarar a Giovanni Álvarez para corroborar lo dicho por su ex jefe Pedro Díaz en indagatoria, pero la diligencia fue cancelada por el despacho y 17 meses después no se ha reprogramado.

Mientras la Fiscalía no avanza en este caso conocimos una sentencia de éste año que ratificó la acusación contra uno de los pilotos de la Fuerza Aérea que participó en la operación en Santo Domingo en 1998.

La Fiscalía le negó al coronel en retiro Germán Lamilla una solicitud de anular el proceso por violación de sus garantías. El recurso jurídico fue respaldado por la Procuraduría, que según éste documento que conocimos con los alegatos de la Procuraduría, desestimó la diligencia de Pedro Díaz y Giovanni Álvarez en su momento.

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En el escrito en el que la Procuraduría apoya a Lamilla también rechaza las pruebas recolectadas de la masacre en Santo Domingo por los hoy funcionarios de la JEP más de un año después de los hechos.

A pesar del concepto que la Procuraduría sustenta ampliamente a la Fiscalía, ratificaron la acusación contra el piloto.

El coronel en retiro Germán Lamilla hasta ahora ha perdido la lucha jurídica por demostrar que las pruebas que originaron la condena del Estado colombiano en la CIDH, la de dos de sus colegas a 40 años de cárcel y las que lo incriminan a él, fueron presuntamente manipuladas.

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