La historia de Andrea

A sus 36 años, Andrea solo se arrepiente de una cosa: haber caído en la trampa de los biopolímeros que personas inescrupulosas le inyectaron en su cuerpo cuando tenía 21. Para la época, andaba con la duda de someterse o no a un procedimiento estético para mejorar la apariencia de su cola. Al final se decidió, pero cayó en las manos equivocadas. La engañaron con la promesa de un procedimiento especializado, pero en realidad le inyectaron una clase de aceite que no cumple estándares médicos elementales.

Andrea recuerda que su apariencia mejoró durante los primeros meses, pero al año empezaron los problemas: dolores intensos, enrojecimiento de la zona intervenida e hipersensibilidad. Ella buscó a los responsables, quienes le ofrecieron un nuevo procedimiento para resolver el problema, pero la lección ya estaba aprendida. 15 años después, los biopolímeros siguen envenenando el cuerpo de Andrea.

Como ella, cerca de 1 millón de mujeres y hombres en Iberoamérica han sufrido de alogenosis iatrogénica, la consecuencia médica más común de la implantación de biopolímeros en el cuerpo humano. Tarda entre pocas horas y 25 años después del procedimiento para manifestar sus síntomas. Entre sus consecuencias está la pérdida de la memoria, alteraciones del estado de ánimo, ojos secos, boca seca, dolores articulares, dolores musculares, colon irritable, alteraciones en la tiroides, entre otros. 

Y en materia de salud mental, los efectos muchas veces son graves. El subregistro y el secretismo de muchas víctimas mandan la parada, pero es habitual que enfrenten ansiedad y depresión. Incluso, hay casos documentados de suicidios por esta causa. Andrea tiene mucho qué enseñar en este punto: ella superó la depresión inicial y decidió que iba a contar su historia a los cuatro vientos, para evitar que más personas caigan en la misma trampa. Seguramente ha sido su mejor terapia.

La semana pasada entró en vigencia la Ley 2316, que impulsé en mis tiempos de congresista junto a la actual senadora Norma Hurtado, inspirados en los testimonios de Elizabeth Loaiza, Natalia Lara y otras figuras públicas que llevan años haciendo activismo contra los biopolímeros. La Ley permite por primera vez que los diagnósticos, tratamientos, cirugías y medicamentos de esta población hagan parte del Plan Obligatorio de Salud (POS). También actualiza el Código Penal, para darle un tratamiento específico a estas conductas criminales, y fortalece las medidas de control y pedagogía por parte del Estado.

Andrea me cuenta que la cirugía que necesita cuesta $30 millones de pesos. Pocas víctimas pueden pagar esa cifra de su bolsillo, que es el costo promedio del procedimiento de extracción de biopolímeros. Hasta la semana pasada, era considerado un procedimiento estético y, por lo tanto, no podía ser cubierto por el sistema de aseguramiento en salud. En su momento, nuestra propuesta fue criticada bajo el argumento que el Estado no debía responder por las malas decisiones tomadas por los ciudadanos en materia estética. Frente a esto, 3 comentarios:

1. La mayoría de las víctimas de biopolímeros fueron engañadas y/o desinformadas a la hora de practicarse el procedimiento.
2. El Estado ya costea las consecuencias de decisiones individuales en materia de salud, por ejemplo en el caso de los tratamientos para personas adictas a las drogas, tema que ha sido reiterado por la propia Corte Constitucional.
3. Las complicaciones derivadas de la presencia de biopolímeros en el cuerpo pueden generar costos mayores para el sistema de salud.

Lo cierto es que Andrea se alista para pedirle a su EPS que cubra el tratamiento de retiro del veneno que la ha atormentado por 15 años. Ojalá su historia inspire a muchos colombianos, para que se informen, investiguen y valoren beneficios y riesgos a la hora de decidir dónde y con quién se hacen un procedimiento estético.

@lopezjosedaniel
Director ejecutivo de Alianza In