Opiniónnoviembre 09, 2021hace 2 meses

La revocatoria de alcaldes, puesta a prueba

No se pueden mirar con indiferencia los actuales procesos de revocatoria de alcaldes, por la fuerte incidencia en las próximas elecciones presidenciales.

En Bogotá, Medellín y Cali se adelantan procesos de revocatoria de alcaldes, luego de superar diversos obstáculos que obedecen a trámites engorrosos que dificultan el desarrollo de estas iniciativas. 

Este hecho es muy significativo pues se trata de las tres principales ciudades del país, las que cuentan, aproximadamente, con 14 millones de habitantes, frente a una población de casi 51 millones que tiene Colombia, lo que representa el 27%. 

Bogotá cuenta aproximadamente, según datos del 2020, con 7 millones 744 mil habitantes; Medellín, con 2 millones 600 mil y al incluir el área metropolitana, con 4 millones 55 mil, y Cali con 2 millones 228 mil.

Tengan o no éxito los movimientos de revocatoria, su importancia es innegable y no deja de llamar la atención el perfil de los alcaldes. En Medellín, Daniel Quintero, simpatizante de la Colombia Humana y quien en las pasadas elecciones dio su apoyo a Petro, tiene aprobación del 58% en la última encuesta de Invamer mientras que un 38% descalifica su gestión. 

No obstante, según informaciones suministradas el pasado 6 de noviembre por el vocero del Pacto por Medellín, el movimiento de revocatoria recogió más firmas que los votos que eligieron al alcalde. 

En Cali, Jorge Ospina, hijo de un comandante del M-19, quien ha contado con el apoyo de miembros del Polo Democrático, de la Alianza Social Indígena, de un senador condenado por parapolítica y del partido M-19, hoy Alianza Verde, un 76% descalifica su gestión. 

En Bogotá, Claudia López, también de Alianza Verde, electa con el apoyo del Polo Democrático y quien dio también coadyuvó en las pasadas elecciones a Petro, cuenta con un 60% de desaprobación de su gestión.

En el caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, quien cuenta con buena trayectoria académica, ha sido objeto de toda clase de críticas por sus declaraciones erráticas e incoherentes, sus ataques a la Policía eludiendo las responsabilidades que le incumben como jefe de ella y la inseguridad reinante, que no tiene visos de aminorar. 

Los atracos a los habitantes son el pan de cada día y los delincuentes no se limitan al robo, sino que apuñalan y asesinan. Ello, unido al caos en la movilidad, la suciedad que se advierte, los huecos en las calles, los errores de planeación y muchas otras cosas movieron a líderes cívicos a adelantar un proceso de revocatoria del mandato que apenas inicia.

En Medellín, la pugna existente es mayúscula. El alcalde casó pelea con la pujante y admirable clase empresarial antioqueña, el gremio de los constructores y arquitectos, el periódico El Colombiano y buena parte de la ciudadanía. 

En esa pelea ha pretendido desconocer lo que el empresariado antioqueño ha hecho por Antioquia y el país, que es digno de encomio. Buena parte de la pugna gira alrededor del proyecto Hidroituango, pero no exclusivamente. Se le achaca: 

(i)    La rebaja de la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda local y extranjera a EPM, que pasó de ‘BBB-‘ a ‘BB+’.
 
(ii)    Poner en entredicho el sistema de gobierno corporativo de EPM, toda vez que no es claro si es el alcalde como presidente de la junta quien impone las decisiones o si estas se toman realmente en forma colectiva sin presiones de aquel.
 
(iii)    Colocar en riesgo la terminación oportuna del proyecto Hidroituango al insistir, contra viento y marea, en el cambio de contratistas, pese al rechazo que esa actitud ha generado y las advertencias que ha recibido de diversos sectores, incluido el mismo Gerente de Hidroeléctrica Ituango.
  
(iv)    Confundir a la opinión pública acerca de la fecha en que la junta directiva de EPM conoció el informe de auditoría forense sobre el proyecto Hidroituango, elaborado por la firma McGregor, cuando este fue conocido el 20 de octubre de 2020 según consta en el acta no. 1697 de dicha junta.

(v)    La conformación de una comisión accidental del Congreso para evaluar la problemática del proyecto Hidroituango, a raíz de la actitud del alcalde

(vi)    Presionar indebidamente a contratistas, aseguradores y a otras personas, mediante columna publicada en prestigiosa revista, para que paguen el daño estimado por la Contraloría General de la República en reciente fallo, no obstante que todos ellos han presentado recursos bien sustentados contra dicho fallo, que no han sido resueltos, y que el fallo amerita revisión a fondo debido a los múltiples desaciertos en que incurre y las numerosas y fundadas críticas que ha recibido.

(vii)    Ser objeto de serias denuncias de corrupción que le ha formulado el diario El Colombiano, no esclarecidas aún, que incluyen la creación de “ONG ligadas con equipo del Alcalde” (El Colombiano, noviembre 8 de 2021).

En el caso de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina se ha hecho acreedor a toda clase de críticas por el pésimo manejo que en diversos frentes dio a la ciudad con ocasión del paro nacional, permitiendo el caos generalizado, el vandalismo y la destrucción de buena parte de la ciudad, que se tradujo en que los caleños estuvieran presos en su ciudad, sin salir de sus casas, temerosos ante el caos y la violencia ejercida por los manifestantes. 

Se tradujo también en que algunos de sus residentes pensaran en migrar a otras ciudades. El país vio atónito cómo en Cali manifestantes e indígenas pretendieron entrar a conjuntos residenciales sin que al alcalde le importara pues no otra cosa puede inferirse del hecho de que no movió a la fuerza pública para actuar y tuvo el gobierno que enviar un contingente de militares y adoptar medidas especiales para tratar de conjurar la situación de orden público.

Las últimas denuncias contra el alcalde de Cali lo acusan de infiltrar al movimiento recolector de firmas (El País, 7 de noviembre de 2021) en forma tal que este puede fracasar, a pesar del notorio rechazo que el alcalde provoca. 

Lo que suceda con estos procesos reviste una gran importancia pues la capacidad de influencia de esos alcaldes en su electorado no se puede negar y, con miras a las próximas elecciones presidenciales, los sectores políticos no afines a esos alcaldes y la clase empresarial no pueden subestimar lo que está sucediendo ni mostrarse distantes. Como dijo un reconocido dirigente político, ojo con el 2022.

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