Ecuador toca fondo

La tragedia que supone el asesinato a sangre fría de un candidato a la presidencia tiene conmocionado a Ecuador y a buena parte de América Latina. La muerte violenta del aspirante Fernando Villavicencio trae a la memoria de los colombianos las épocas más oscuras de la violencia de la década de los 80 y 90, con los asesinatos de Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, testimonios de una guerra que Colombia perdió como sociedad. 

Ecuador solía ser un Estado pacífico, sin grandes problemas de orden público y caracterizado en los noventa por una inestabilidad crónica en la que quienes eran elegidos no podían llevar a cabo su mandato, bien fuera por la movilización en las calles o porque se rompían todos los circuitos de comunicación con el Congreso (hoy Asamblea Nacional). 

Entre 1996 y 2005, Ecuador tuvo nueve presidentes y el 7 de febrero del 97 en lo que parece al paroxismo de semejante volatilidad, tres mandatarios pasaron por el Palacio de Carondelet, sede de gobierno (la noche de los tres presidentes, tituló la historiografía ecuatoriana).  Ahora bien, la caída abrupta de Abdala Bucaram por incapacidad mental en 1997, de Jamil Mahuad en medio de la peor crisis económica y financiera de la historia ecuatoriana -que terminó en el abandono del sucre y en la dolarización- en 2000, y de Lucio Gutiérrez quien se atrevió a destituir magistrados en 2005, jamás fueron acompañados de hechos significativamente violentos.  En efecto, durante esos años de convulsión, Ecuador fue un país de frágil institucionalidad, pero tranquilo desde el punto de vista del orden público. 

Paradójicamente cuando el vecino parecía encontrar el camino de la estabilidad institucional, la inseguridad se ha disparado a niveles insólitos. Los diez años de gobierno de Rafael Correa (2007-2017) significaron un salto social con una contracción de la pobreza de 10 puntos y una reducción significativa de la concentración que pasó de 0,54 (la que tiene Colombia hoy día) a 0,44 de acuerdo con el coeficiente de Gini. 

Correa entregó un país con una tasa de homicidios por cien mil habitantes cercana a los 4 y hoy se sitúa en 27. Algunos responsabilizan al exmandatario de la inseguridad que golpea en especial a las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, esta última que colinda con Colombia. En 2009, Correa decidió el cierre de la base militar de Manta donde hacían presencia militares estadounidenses que llevaban a cabo funciones de interdicción y lucha contra el narcotráfico. La base aérea instalada en 1999 en plena crisis financiera atentaba contra la soberanía de acuerdo con el gobierno que, en consecuencia, en 2009 y tras un amplio consenso, procedió a su cierre. Aunque sea improbable que la clausura de la base tenga incidencia en la crítica situación actual, la tesis sobre la responsabilidad de Correa se ha difundido cada vez más.   

El narcotráfico que ha llegado con fuerza a las calles de las ciudades costeras ecuatorianas es el gran responsable de la inseguridad. Esto es más grave si se tiene en cuenta que, a diferencia de Colombia donde la Fuerza Pública (policía como militares) se fue adaptando a la guerra contra carteles y guerrillas, en Ecuador el sector defensa no tiene la experiencia, ni las capacidades para hacer frente a semejante fenómeno. 

Entre 2021 y 2022 han ocurrido más de diez masacres en cárceles, constituyéndose en las peores de la historia. En julio de este año, se reportó el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, capital de la provincia de Manatí, Agustín Intriago y ahora con el asesinato de Fernando Villavicencio se comprueba que de poco o nada han servido las apuestas de Guillermo Lasso por neutralizar una amenaza que lo desborda. 

A comienzos de este año acudió a una consulta popular para, entre otros, adoptar la extradición frente a crímenes ligados al narcotráfico como parte de la estrategia. Sin embargo, el referendo que contenía puntos de todo tipo, fue derrotado en su conjunto. Tampoco ha servido la militarización de las ciudades y la flexibilización para el porte de armas o el uso de instrumentos de defensa personal como aerosoles con gas pimienta. 

La lección es clara, Ecuador no saldrá solo de este drama pues el narcotráfico supone tentáculos trasnacionales que obligan a la cooperación regional. Una vez más, se comprueba el fracaso rotundo de la denominada guerra contra las drogas basada exclusivamente en la contención de la oferta y un prohibicionismo injustificable.  

En medio de semejante crisis de seguridad el país asistirá a las urnas el próximo 20 de agosto para elegir a quien deba completar el mandato de Guillermo Lasso, hasta 2025. Valga aclarar que no se trata de un adelanto de elección, sino de la disolución del gobierno y de la Asamblea Nacional actuales. No parece haber un clima adecuado, ni las condiciones mínimas de orden público, pero hasta la fecha todo indica que el país asistirá a las urnas en un sistema donde además el voto es obligatorio. 

Luisa González (izquierda), Jan Topic (derecha), Yaku Pérez (indigenista) y Otto Sonnenholzner (centro derecha) se disputarán la presidencia y aunque la primera tenga una considerable ventaja y esté casi que asegurada para un balotaje o segunda vuelta, con los graves hechos de ayer, es posible que el panorama de la elección se modifique considerablemente. Aparecerán las “soluciones mágicas” que emulan el ejemplo de Bukele, con lo cual, revivirán los fantasmas de las soluciones policiales de comprobados efectos nefastos sobre los derechos humanos, pero atractivas en épocas electorales. 

Ojalá nuestro vecino supere cuanto antes esta mala hora.

@mauricio181212
Profesor de la Universidad del Rosario