Los otros billones que le quitaría el crimen organizado al Estado

El crimen organizado movió en Colombia, solo con oro ilegal, entre $32 y $34 billones en 2025. Esa cifra equivale al 1,9% del PIB del país y supera lo que el Gobierno buscó recaudar con toda la última reforma tributaria: $26,3 billones, la apuesta fiscal más ambiciosa y políticamente costosa de los últimos años. Si la extracción ilícita de oro fuera una compañía, estaría entre las cinco más grandes del país por flujo de caja. No paga un peso de impuestos. Y financia estructuras armadas que el Estado después tiene que combatir con el presupuesto de todos. Todo esto, podría volver a suceder con los minerales críticos.

Colombia tiene gran potencial de explotación de los minerales críticos, como el cobre, el níquel, el niobio y el tantalio. La pregunta es si queremos repetir la historia con el oro, porque estos son los minerales que el mundo hoy necesita para la construcción de infraestructura que habilite la transición energética, y que el país tiene en volúmenes que la ubican entre el 25% de países con mayor potencial minero del planeta. Este es el eje central del más reciente estudio que hicimos desde Loom Strategy Centre junto a Fedesarrollo: "Regulando para el Estado, no para el crimen: renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia”.

Encontramos que recaudo fiscal potencial de esos minerales críticos hacia 2050 está entre $10 y $19 billones en valor presente neto. Para entender qué tamaño tiene esa cifra: equivale a entre 10 y 13 años completos del presupuesto del Ministerio de Ambiente, o a 7 años de toda la inversión en Defensa y Policía. Y el escenario más conservador de esa proyección es 130 veces el presupuesto de inversión que tiene hoy el Servicio Geológico Colombiano, la entidad encargada de saber qué hay exactamente bajo nuestro subsuelo.

Una realidad que ya se vive en el oriente del país, principalmente en la Amazonia. Según datos públicos, en Guainía, los catorce títulos vigentes de niobio y tantalio están en manos, directa o a través de sociedades, de apenas dos personas naturales, hoy investigadas por explotación ilícita e invasión de áreas protegidas. Es más, entre 2015 y 2020, Colombia exportó más niobio y tantalio del que el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) dice que se produjo en seis años.

La explicación no está en la mina, sino en el papeleo. A pesar de que se trata de minerales extraídos ilegalmente, hay empresas fachadas, facturas reutilizadas y declaraciones falsas de producción las que permiten que material extraído sin licencia entre a la cadena legal en el momento de comercializarlo. El crimen organizado no necesita esconder el mineral. Le basta con tener un andamiaje societario fachada para "legalizarlo".

El problema no es la minería, es quién la controla. La minería formal y bien regulada es, de lejos, menos dañina que la ilegal. La extracción ilícita de oro contamina con mercurio ríos enteros de la Orinoquía y la Amazonía, en zonas donde el pescado es casi el 90% de la proteína que consumen las comunidades indígenas. El daño ambiental más severo no viene de las empresas que cumplen reglas, viene de quienes operan sin ninguna norma o control.

La respuesta tampoco es prohibir. Frenar la minería formal no detiene la extracción, simplemente implicaría que pasara a manos de los ilegales, quienes no pagan regalías, no cumplen con normas ambientales, no rinden cuentas a nadie y financian grupos armados. La tarea del Estado es exactamente la opuesta. Debe ocupar ese espacio que hoy se están abriendo los minerales críticos antes de que el crimen organizado lo haga, como ya ocurrió con el oro.

La ventana para lograrlo tiene fecha: son cinco años. Estados Unidos cierra el 1 de enero de 2027 su puerta a minerales críticos de origen ruso, y junto con la Unión Europea busca activamente proveedores alternativos con cadenas de suministro verificables. Colombia ya dio un primer paso con el lanzamiento, el pasado 22 de mayo, de su plataforma de trazabilidad mineral.

Con el oro, el problema llegó antes que la institucionalidad, y hoy pagamos esa factura al perder $32 billones anuales. Con el cobre y los minerales críticos, la diferencia es que la ventana todavía está abierta.