¿Más impuestos o mejores decisiones?

La reforma tributaria presentada por la Administración Distrital abrió uno de los debates fiscales más importantes que tendrá Bogotá este año. Entre sus propuestas se encuentra la creación de un impuesto de alumbrado público que sería cobrado como una sobretasa al impuesto predial. En la práctica, serían los propietarios de predios de estratos 4, 5 y 6, así como los inmuebles comerciales, industriales y financieros, quienes asumirían este nuevo costo.

La discusión merece hacerse con serenidad y con cifras. La pregunta de fondo no es simplemente quién pagará el impuesto, sino si resulta necesario crear un nuevo tributo para financiar un servicio que la ciudad ya presta. Hoy Bogotá no cuenta con una fuente específica para el alumbrado público y cubre ese costo con recursos ordinarios del presupuesto.

Para responder esa pregunta conviene revisar cómo funciona actualmente el sistema. A junio de 2025 Bogotá contaba con cerca de 366 mil luminarias, de las cuales aproximadamente el 97 % pertenecen a Enel Colombia. Es decir, la inmensa mayoría de la infraestructura sobre la que opera el servicio no es propiedad del Distrito sino de un operador privado.

Las cifras del gasto también ayudan a entender el debate. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025 Bogotá pagó $140.863 millones por el servicio de alumbrado público. De ese total, el 49 % correspondió al arrendamiento de los activos, el 37 % al consumo de energía y el 14 % a la administración, operación y mantenimiento.

Es allí donde surge una pregunta legítima. Si casi la mitad del costo del servicio corresponde al arrendamiento de una infraestructura que, en su mayoría, pertenece a un operador privado, ¿no debería revisarse primero el modelo de operación antes de crear un impuesto permanente para financiarlo?

A esto se suma otro desafío que incrementa los costos: el vandalismo. Bogotá tiene una red de alumbrado de aproximadamente 8.494 kilómetros que exige una atención permanente por daños, reposiciones y hurto de cable. Solo por este último concepto fue necesario reponer 360 kilómetros en 2024, 346 kilómetros en 2025 y 255 kilómetros entre enero y mayo de 2026. También cada año deben reemplazarse cientos de tapas de cámaras subterráneas. Proteger la infraestructura existente es tan importante como ampliar o modernizar la red.

Sin embargo, el proyecto va mucho más allá del alumbrado público. También plantea modificar la estructura del ICA, simplificando sus tarifas, eliminar algunos tributos e incorporar incentivos para atraer inversión y generar empleo. Además, incluye alivios tributarios para cerca de 1,2 millones de contribuyentes en mora mediante descuentos en intereses y sanciones, una propuesta que hemos impulsado desde tiempo atrás.

En conjunto, la iniciativa busca fortalecer las finanzas de Bogotá con un recaudo adicional estimado de $1,3 billones a partir de 2027. Precisamente por eso el debate debe darse con total transparencia y con la participación de todos los sectores. El verdadero reto consiste en encontrar el equilibrio entre unas finanzas públicas sólidas y una carga tributaria razonable para los ciudadanos.

Como presidente de la Comisión de Hacienda promoveremos una discusión abierta, técnica y responsable. El próximo 20 de agosto convocaremos un foro para escuchar a expertos, gremios y ciudadanía. Una reforma tributaria de esta magnitud merece un debate de cara a Bogotá, porque antes de pedirles un mayor esfuerzo a los contribuyentes, la ciudad también debe preguntarse si está administrando de la mejor manera los recursos que ya tiene.