La institución que albergaría a más de mil estudiantes de primaria y bachillerato está sumida en los escombros de una millonaria obra.
La corrupción en Colombia ha sido tradicionalmente señalada como uno de los principales problemas políticos del país, donde el abuso del poder público para beneficio personal y privado ha sido la piedra en el zapato para la mayoría de gobiernos. Sin embargo, esto no excluye a los ciudadanos fuera de la función pública de participar en delitos de coorrupción.
Países como Colombia, asediados por la corrupción, son Estados en los que predomina el descontento público y se convierten en una nación con muchas más probabilidades de terminar en un panorama de violencia.
En colombia, la corrupción y la seguridad se encuentran interrelacionadas: el uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos pueden afectar a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos, mientras que las organizaciones terroristas y de criminalidad suelen contar con la complicidad de funcionarios, autoridades de aplicación de la ley, jueces y políticos corruptos, lo cual les permite alcanzar sus objetivos y actuar con impunidad.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Colombia en 2022 se ubicó en la posición 91 de 180 países evaluados, y cerró el año con una puntuación de 39, sobre una base de 100 puntos donde 0 es el nivel de corrupción más alto.
La variabilidad de la puntuación se ha ido intensificando con el paso de los años: en 2012, se ubicó en 36 puntos, manteniéndose en la misma posición hasta 2013. Entre 2014 y 2017 paso a 37 puntos, mientras que 2018 bajó a 36. Al año siguiente, en 2019 se volvió a ubicar en 37 puntos. Para 2020 y 2022 el puntaje se ha mantenido en 39.
El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, con una puntuación en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
Lo que indica que Colombia se ubica en entre las tres y cuatro primeras partes de los niveles más altos de corrupción. Es importante tener en cuenta que la clasificación entre 2012 y 2022 ha sido favorable, puesto que pasó de tener 36 puntos (más cerca de la corrupción) a 39 puntos (más alejado de la corrupción).
Para que estos índices de corrupción puedan mejorar es necesario priorizar los compromisos contra la corrupción, reforzando los mecanismos de pesos y contrapesos, reivindicando los derechos a la información y limitando la influencia privada para, finalmente, liberar al mundo de la corrupción y de la violencia.
El 'carrusel de la contratación' ha sido uno de los escándalos de corrupción más sonados en el país, donde el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue condenado por ser el determinador en la elaboración de varios otrosí del contrato 137 de 2007, cuyo objeto era la construcción de la infraestructura para Transmilenio por la calle 26.
Según la Fiscalía, particulares y funcionarios se apropiaron de 190.000 millones de pesos que estaban destinados a la adecuación de vías y construcción de estaciones para la implementación del Sistema de Transporte Masivo en Bogotá. El proyecto que tenía un valor inicial de $300.000 millones terminó costando medio billón de pesos.
La investigación determinó que Samuel y su hermano Iván Moreno recibieron sobornos por 30.000 millones de pesos.
