CIDH pide al Estado investigar y esclarecer muertes durante el operativo en Putumayo

Las polémicas denuncias sobre la operación militar ejecutada en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que se presentaron bajas de 11 personas presentadas por el Ejército como disidentes de las Farc, llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Vea también: Duque afirma que será "el primero en apoyar la verdad sobre la operación en Putumayo"

En un comunicado, la CIDH pidió al Estado colombiano atender las solicitudes de la comunidad de Puerto Leguízamo, en las que se asegura que los muertos durante el operativo eran civiles entre los que se encontraban un menor de edad, una mujer embarazada, el presidente de la JAC de la vereda y un gobernador indígena.

Asimismo, la Comisión exhortó al Estado a tener en cuenta la muerte de Miller Correa, líder social asesinado en El Tambo, Cauca, y que contaba con esquema de seguridad por parte de la UNP atendiendo a una medida de protección brindada por la CIDH en su condición de integrante del pueblo Nasa.

La CIDH recordó a Colombia que la justicia ordinaria debe ser la encargada de atender lo referente a violaciones de derechos humanos, investigar, esclarecer y brindar la información necesaria sobre la cantidad real de muertes, heridos, capturados y desaparecidos en el operativo.

Le puede interesar: Las dudas de la Procuraduría sobre la operación militar que dejó 11 abatidos en Putumayo

Además, la Comisión Interamericana señaló la importancia de no estigmatizar a las víctimas durante el proceso de investigación, instando a tomar medidas reparadoras con enfoque intercultural teniendo en cuenta el daño a las comunidades; así como a fortalecer la presencia del Estado en los territorios apartados y azotados por la violencia, con el fin de crear ambientes de diálogo que garanticen el cumplimiento de los derechos y la aplicación correcta del acuerdo de paz.

Denuncia impuesta ante la CIDH

Tras las reiteradas afirmaciones del Gobierno Nacional sobre la “legitimidad” de la operación militar en el Alto Remanso, las comunidades y varias organizaciones de derechos humanos informaron a la CIDH que la acción de las fuerzas armadas correspondería a un nuevo caso de falsos positivos, señalando que las personas asesinadas no eran combatientes sino miembros de la comunidad.

Lea además: Rifirrafe diplomático entre Duque y Rusia en temas de guerra

Entre los muertos nombraron a Pablo Panduro Cochinche, Gobernador Indígena del Cabildo Kichwa de Bajo Remanso, Ana María Sarría y Didier Hernández, Presidente de la Junta de Acción Comunal. Además, aseguraron que varias personas están desaparecidas y que las solicitudes de asistencia médica para los afectados no han sido atendidas por el gobierno.

De igual modo, la CIDH tiene en conocimiento que la Procuraduría es la entidad que hasta el momento ha tomado las riendas de la investigación, junto a dos fiscales de la Dirección Nacional Especializada para la Investigación de Delitos contra los Derechos Humanos que asumieron el rol. No obstante, existen otras denuncias en las que se señala que en el país no existen más entidades capacitadas para garantizar los derechos humanos a quienes habitan los territorios.