Procuraduría alertó que más de 650 mil niños podrían quedarse sin recibir el PAE
La entidad realizó visitas de campo, revisó informes y halló que hay retrasos contractuales con 35 entidades del país.
Noticias RCN
10:10 p. m.
La Procuraduría General de la Nación, con la intención de proteger el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y garantizar el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes, realizó trabajos de campo y conoció informes de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) para verificar que el funcionamiento estuviera siendo óptimo en cada una de las regiones.
Tras ese ejercicio, alertó que 35 entidades se encuentran en riesgo de seguir implementando el PAE y que esa situación pondría en riesgo la alimentación de más de 652.964 estudiantes que se benefician a diario de ese programa.
¿Por qué 35 entidades que hacen parte del PAE se encuentran en riesgo, según la Procuraduría General de la Nación?
En las visitas realizadas por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación se encontró que entidades de 4 municipios finalizaron sus contratos en marzo. Estas son las de Sabaneta, Sogamoso, Zipaquirá y Cartago.
Por otra parte, hay 20 entidades a las que se les terminó el contrato durante abril o que se les terminará muy pronto. Ahí se encuentran las de Amazonas, Barrancabermeja, Bello, Bucaramanga, Cauca, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Duitama, Fusagasugá, Florencia, Girón, Ibagué, La Estrella, Norte de Santander, Piedecuesta, San Andrés y Providencia, Soledad, Valle del Cauca y Villavicencio.
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Y, además, hay otras 11 entidades que finalizarán su vínculo contractual en mayo, el mes entrante. Entre ellas las de Bolívar, Boyacá, Casanare, Girardot, Funza, Itagüí, Magdalena, Mosquera, Nariño, Putumayo y Vichada.
¿Qué ordenó la Procuraduría General de la Nación después de estos hallazgos?
La Procuraduría General de la Nación ya se comunicó con las autoridades correspondientes y les solicitó que les muestren evidencias sobre los estados en los que se encuentran los nuevos procesos contractuales. Asimismo, que les permitan comprobar que los servicios van a estar cubiertos durante todo el calendario escolar del 2024 y que ningún estudiante va a dejar de recibir su complemento alimenticio.
Por otra parte, en caso de que esos trámites contractuales no se hayan empezado a ejecutar, la Procuraduría requiere que les informen los motivos operativos, técnicos y jurídicos de esas decisiones. La finalidad es determinar si se están presentando fallas disciplinarias que no solo perjudican la gestión pública, sino que también los derechos de los menores.
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