¿Ahora sí se reducirá la violencia?: los retos de una nueva negociación de paz con las disidencias de las Farc

Después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) adelantó un proceso de acercamiento con disidentes de las Farc-Ep desde el año pasado, el presidente Gustavo Petro anunció, finalmente, que “se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central”.

Este anuncio se produjo momentos después de que el fiscal general, Francisco Barbosa, suspendió algunas órdenes de captura en contra de 19 disidentes que hacen parte de la facción de alias 'Iván Mordisco' y con quienes se adelantaría acercamientos para negociar un proceso de paz.

Este anuncio del Gobierno Nacional llamó la atención entre diversos sectores, que rápidamente empezaron a aseverar que con este nuevo acuerdo de paz existe la posibilidad a una presunta “impunidad”.

Al respecto, el analista y catedrático de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, considera que esto se puede tratar de un “efecto colateral”, pues en el pasado ya se ha visto que en otras partes del mundo se han generado facciones disidentes tras establecer acuerdos.

“Creo que en casi todos los acuerdos de paz hay grupos que no aceptan, sobre todo cuando son grupos muy numerosos y en conflictos prolongados en el tiempo, como sucede con las Farc”, señala Jaramillo.

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En esa medida, desde el gobierno Petro han insistido en que el propósito está dado por consolidar una ‘paz total’ con diversos grupos armados y criminales que permanecen activos, entre ellos, los disidentes de las Farc. Para ello se apoyaría en herramientas como la ley de sometimiento que impulsa el Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro Néstor Osuna.

Sin embargo, también hay que decir que todo este tema ha causado cierta agitación política porque algunos hablan de que se les está dando “prebendas excesivas a criminales”. Así lo dijo, por ejemplo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “No es ‘paz total’ sino desgobierno total”, señaló.

¿Qué podría pasar con este nuevo acuerdo con disidentes de las Farc?

Sabiendo que el Gobierno colombiano desea acordar una mesa de diálogo y que el comisionado de paz, Danilo Rueda, detalló que en las próximas semanas se conocerán los delegados, hay que decir que establecer un nuevo acuerdo de paz podría traer varios posibles escenarios.

En primer lugar, expertos y analistas concuerdan en que es posible que no tenga éxito y que la violencia continúe. Si las disidencias no están dispuestas a cumplir con los términos del nuevo acuerdo y al sometimiento, podrían seguir luchando contra el Gobierno y causando violencia en el país.

Es por eso que Jaramillo expone que el Gobierno “debe dar garantías, porque muchas de esas disidencias surgen cuando se considera que no se están respetando las garantías y que quienes negocian de parte de la guerrilla están cediendo en ‘exceso’. Entonces el Estado ahí tiene que dar garantías de que por ejemplo, lo que pasó con la Unión Patriótica no va a volver a ocurrir”.

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Además, explica que en otras ocasiones se han usado las negociaciones para debilitar militarmente a las guerrillas y, si esto sucediera, se podría generar nuevamente tensiones que no permitan una resolución efectiva.

Ahora bien, el experto en temas de conflicto y catedrático de la Universidad Externado, Jaime Duarte, advierte que brindar garantías no será la solución definitiva, ya que “no existe ninguna fórmula que los haga cumplir”.

“(...) Que hayan salido del acuerdo anterior no significa que hayan cometido un nuevo delito y por lo cual haya impunidad; la impunidad por el momento existe porque no han sido juzgados y no han cumplido las condenas que tiene que haber”, puntualiza Duarte.

 ¿Debe existir un nuevo sistema de justicia transicional?

Hay que decir que dentro de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las extintas Farc-EP, se estableció a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como el mecanismo encargado de juzgar legalmente a aquellos que se acogieron al proceso.

Y hablando sobre la posibilidad de una presunta impunidad o el riesgo de traición, los expertos sugieren que a través de este nuevo proceso que se iniciaría, se debe establecer que sigan siendo juzgados e investigados por el mismo ente, que ya ha llevado varios micro casos que enumeran los delitos y acciones criminales perpetradas por esta guerrilla.

“Deberían involucrarse a la JEP, porque obviamente se creó en el marco de los acuerdos de La Habana y las disidencias de la Farc, digamos que son hijas o una ‘imperfección’ de ese acuerdo, pero hacen parte de este. Por eso, de ninguna manera uno puede partir de la base de que se le está dando un incentivo a los disidentes”, explica Jaramillo.

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Sin embargo, hay quienes indican que algunos ciudadanos podrían llegar a sentir que el acuerdo es demasiado indulgente con las disidencias y que no se les está haciendo responsables de sus acciones pasadas, lo cual podría llevar a tensiones y divisiones en la sociedad colombiana.

Así, el analista político Jaime Duarte expone que el Gobierno no podría “relajar” la norma y que se deberá seguir garantizando la verdad, justicia y reparación para las víctimas, que fueron los tres pilares con los que se fundamentó el acuerdo de La Habana.

“Ahí tendrá que revisarse cuál será el diseño de mecanismos que van a tener estos nuevos acuerdos y deberán cumplir unos estándares mínimos, que, además, deben convencer a la Corte Penal Internacional de que no existe impunidad, porque si no después del acuerdo de paz podría llegar a presentarse que estas personas sean perseguidas por delitos de guerra”, afirma.

Por lo que, en cualquier caso, sería relevante que se incluyan medidas efectivas para garantizar que las disidencias de las Farc y de la facción de ‘Iván Mordisco’ cumplan con los términos del acuerdo y se hagan responsables de sus acciones pasadas.

Óscar Palmera, experto en seguridad y catedrático de la universidad El Rosario, indica que “tienen que quedar muy claros los castigos que se les daría a las personas que salgan del acuerdo y que en efecto, en caso dado, se implementen en toda regla”.Los expertos en el tema aseguran que el Gobierno debería trabajar para abordar las causas subyacentes del conflicto armado, como la desigualdad económica y la falta de acceso a la educación y la atención médica.