Procuraduría pone la lupa sobre compra de camionetas para la Corte Suprema

La entidad busca esclarecer si los vehículos responden a los requerimientos de seguridad, e investiga presuntos sobrecostos en ellos.


Procuraduría pone la lupa sobre compra de camionetas blindadas para la Corte
Foto: Pixabay

Noticias RCN

junio 18 de 2021
09:34 a. m.
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La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de vehículos destinados a los esquemas de seguridad y el transporte de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.

El órgano de control dio a conocer que apertura una investigación disciplinaria en contra de dos funcionarios adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Consejo Superior de la Judicatura, quienes serían los presuntos responsables de una serie de irregularidades en un proceso destinado a la adquisición de más de 50 camionetas blindadas, adelantada un año atrás.

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De acuerdo con la información presentada por el ente de control, para dicha compra se destinaron 13.270 millones de pesos, y buscan determinar si dicho monto está o no bajo los lineamientos dictados para la contratación estatal, y si el proceso de compra responde a los requerimientos y necesidades establecidas.

El ente de control también reveló que estos vehículos fueron adquiridos bajo la suscripción de acuerdos comerciales con los proveedores Unión Temporal Toyonorte LTDA., Armor International Colombia LTDA. y Blindex S.A., en medio de una polémica suscitada porque, al momento de la compra de estos vehículos, Colombia se encontraba en medio de una emergencia sanitaria por cuenta de la expansión de la pandemia de covid 19, en la que los recursos públicos debían encausarse en la atención de dicha situación.

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Parte del proceso disciplinario que anunció la Procuraduría, responde a los altos costos de los vehículos adquiridos, señalando que se estudia si la inclusión de algunos accesorios y adecuaciones de los vehículos eran pertinentes o hacían parte de los requerimientos establecidos para la renovación o fortalecimiento del parque automotor destinado a los esquemas de seguridad de los magistrados.

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