Imprevisión | Por: María Elena Bonilla Páez

Por: María Elena Bonilla Páez*

@mebp72 en Twitter  

En derecho la teoría de la imprevisión se aplica cuando en la ejecución de un contrato ocurren hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles que hacen muy onerosa la ejecución del mismo para una de las partes. Y, en este país en el que somos más de 420.000 abogados registrados, nos acostumbramos a la imprevisión. A la mala entendida imprevisión.

A la imprevisión del Gobierno Nacional que permitió la llegada de 946 turistas a la Isla de San Andrés el domingo pasado, cuando la tormenta tropical ya se había convertido en un huracán de grado 5.

A la imprevisión de la Alcaldía de Bogotá que en la vía que de la Calle 85 conduce a La Calera se ha negado a talar los árboles que amenazan ruina. Y claro, se excusará en lo torrencial de un aguacero y en la inconciencia ciudadana en el manejo de las basuras para justificar un nuevo bloqueo de la vía.

A la imprevisión de la ANI, que ha hecho caso omiso de las quejas de los ciudadanos y usuarios de la vía La Calera y no ha exigido al concesionario que cumpla con sus obligaciones.

A la imprevisión del concesionario de dicha vía, quien a pesar de las fuertes lluvias ocurridas el pasado 28 de octubre, que generaron un bloqueo temporal, no adoptó las medidas necesarias y adecuadas para prevenir el alud que ocurrió el pasado 17 de noviembre y que tuvo tres días incomunicada a La Calera. No se necesita ser ingeniero, ni geólogo, ni suelista, ni calculista, para determinar la amenaza que a simple vista representaba la montaña intervenida por el propio concesionario.

A la imprevisión del Gobernador de Cundinamarca y de la Alcaldía de Bogotá, valga decir incluyendo a administraciones pasadas, que decidieron que la vía La Calera sí tenía vías alternas: el Codito, hoy más una trocha para los aficionados nostálgicos del Saltamontódromo o la vía Sopó, que solo por el costo de los peajes representa $20.000 adicionales por cada trayecto.

¿Y a quién le importa que los residentes, estudiantes y trabajadores de un municipio que provee de agua y recursos naturales a Bogotá haya estado incomunicado? ¿Quién pagará los mayores fletes de todos los productores? ¿Y a quienes se transportan en colectivo, quién les devolverá los $3.000 que pagaron de más por cada viaje?

¿Cuántos muertos necesitamos para que al concesionario, a la Gobernación, a las alcaldías y a la Presidencia les importe la suerte de cientos de colombianos que pusieron en riesgo su vida para llegar a su trabajo, haciendo transbordos en medio del material que la montaña furiosamente arrojaba?

Las lluvias, pueden ser sobrevinientes, extraordinarias e imprevisibles, pero no podemos los colombianos seguir amparados en la maldita imprevisión y debemos exigir que quienes asumen responsabilidades, como lo es el concesionario de una vía, que responda por su evidente descuido y desidia.

No es la Virgen de Chiquinquirá ni los plásticos negros que el concesionario ha dispuesto para contener las toneladas de rocas en otros puntos de la vía, los que evitarán que ocurra una tragedia.

*Socia de la Firma Leyva Ontier Abogados