Procuraduría advirtió que la reforma pensional traería graves riesgos para los cotizantes
Mediante una carta dirigida a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el Ministerio Público presentó sus inquietudes respecto al proyecto aprobado en el Senado.
Noticias RCN
07:13 a. m.
La Procuraduría General de la Nación le envió un documento a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en el cual presentó sus inquietudes respecto a la reforma pensional.
La reforma pensional fue aprobada en el Senado
Luego de cuatro sesiones en la plenaria del Senado, la reforma pensional fue aprobada con 53 votos. Ahora quedará en manos de la Comisión Séptima y plenaria de la Cámara de Representantes.
El proyecto cuenta con 94 artículos, entre los cuales los más importantes son: el umbral de cotización en Colpensiones, delegar al Banco de la República como administrador de los ahorros públicos, el régimen de transición, el sistema de pilares y la reducción de semanas para las mujeres.
La reforma ha generado varias inquietudes en la opinión pública, precisamente por la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo. Sobre este asunto se pronunció la Procuraduría, planteando los problemas que podría traer el proyecto.
En primer lugar, el Ministerio Público aseguró que la votación en el Senado se dio sin una discusión técnica y completa, por el hecho que al aprobar en bloque algunos artículos, no se habrían tenido en cuenta aspectos poblacionales, demográficos, laborales, técnicos, económicos y fiscales.
La Procuraduría entonces señaló que en los debates no se analizaron los conceptos técnicos, jurídicos y financieros expuestos por Asofondos, en relación con las garantías que tendrían los usuarios bajo el nuevo sistema pensional.
“Colpensiones no está preparada para asumir la implementación de la reforma”: Procuraduría
“El proyecto de reforma pensional, debe contar con cálculos actuariales, estudios de impacto fiscal, que aseguren su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, tomando en cuenta para ello entre otros factores, la creciente informalidad laboral y transición demográfica que permiten prever el aumento de la población adulta mayor, respecto de los aportantes al sistema”, indicó el Ministerio Público.
La Procuraduría se refirió sobre las declaraciones de la ministra Ramírez, cuando dijo que “en 12 o 15 años se necesitaría hacerle ajustes a la pensional”. Teniendo en cuenta eso, la entidad aseguró que con mayor razón se deben revisar los aspectos legales y las necesidades actuales de los colombianos.
En el documento se menciona que la reforma no aumenta la cobertura, por el hecho que los pilares contributivo y solidario ya hacen parte de la legislación de Colombia, pudiendo ser modificados a través de decretos.
Por lo tanto, el Ministerio Público indicó que no se pueden utilizar los ahorros de los fondos privados para el pago de los pilares solidario y semicontributivo ya contemplados en la ley.
Otro asunto mencionado por la Procuraduría radicó en la “conformación de un fondo público, con los recursos de los cotizantes afiliados a las AFP que pasarían a Colpensiones”. El ente de control consideró que esta iniciativa es arriesgada, aunque se mostró de acuerdo en delegarle la administración al Banco de la República, en cambio de Colpensiones. No obstante, aseguró que se debe profundizar en este tema.
El Ministerio Público le solicitó a la ministra revisar la fecha de entrada en vigencia de la reforma, debido a que Colpensiones “no cuenta con la capacidad técnica, administrativa, ni operativa para la implementación de la norma”. En ese orden de ideas, aseguró que la vigencia no puede ser en el segundo semestre de 2025, sino dentro de dos años.
La Procuraduría recordó los problemas que hubo cuando los afiliados del Instituto de Seguros Sociales (ISS) fueron trasladados a Colpensiones, por lo que no se debe repetir esa situación.
Colpensiones no está preparada para asumir la implementación de este proyecto de reforma, carece de desarrollos tecnológicos, capacidad administrativa y operativa, entre otros problemas estructurales y coyunturales; en consecuencia, consideramos que la vigencia de la ley, sea mínimo para mediados de 2026.
El Ministerio Público también señaló que, en la implementación de la reforma es igual de importante considerar la generación de empleo formal, eliminar posiciones políticas y garantizar la estabilidad fiscal. Por eso, le pidió a la Cámara de Representantes estudiar a profundidad el proyecto.
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