Nuestras leyes no las seguirán haciendo acosadores

Cuando los relatos y las denuncias se apilan sin que se adopten medidas concretas, se hace necesario que todas las personas que aspiramos a transformar la sociedad exijamos a nuestros líderes un comportamiento acorde con sus responsabilidades. Por eso y dado el compromiso de ProCentrismo por la transformación de Colombia, nos vemos en la obligación de alzar la voz ante la acumulación de denuncias de diferentes formas de violencia sexual contra mujeres cometidas por quienes ejercen y han ejercido el poder político, particularmente en el Congreso y en las instituciones públicas que interactúan con él.

No es exagerado decir que el señalamiento al Congreso como un lugar peligroso para las mujeres es una de las acusaciones más graves que ha recibido esa institución, que no es ajena a graves acusaciones. Que tras hechos los señalamientos y las acusaciones no haya pasado nada, sorprende, aterra y avergüenza.

Que el tema no sea nuevo, que no se hayan aportado evidencias concretas y que no se hayan señalado presuntos responsables no deben ser obstáculos para actuar con decisión, seriedad y responsabilidad. La garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias es un camino que no pasa solo por la condena de los culpables, en cambio, necesaria e indudablemente pasa por la adopción de medidas de prevención y protección a las mujeres en riesgo.

Colombia tiene un marco normativo y de políticas públicas relativamente robustos para la lucha contra las violencias de género y la protección de las mujeres, que, como tantos otros esfuerzos, se han quedado más en el papel. Corresponde entonces aplicarlo, pero ante la gravedad de los señalamientos y la profunda afectación que tienen sobre el comportamiento de instituciones indispensables para la democracia, debemos ir más allá.

El Congreso cuenta con instancias que en estas denuncias han brillado por su ausencia, tanto la comisión de ética como la comisión para la equidad de la mujer, la última de estas apoyada por ONU Mujeres. Las tres deben actuar.

De la mano con las mujeres organizadas y no organizadas estas pueden crear, lanzar y difundir protocolos o guías de buenas y malas prácticas que protegen o ponen en riesgo a las mujeres, proponer pactos a los actores relevantes que sirvan para formar a los tomadores de decisión sobre estos hechos y los lleven abandonar estas conductas. La participación no debe servir de excusa para demorar las decisiones. En materia de protección a las mujeres, las decisiones prontas, que luego se ajustan para recoger más voces, son mejores que las decisiones que tardan o nunca llegan. De manera urgente se requiere que varias instituciones oficiales (Fiscalía, Congreso, Procuraduría) y sociales abran o fortalezcan canales de escucha y denuncia con protección a las víctimas. Congreso Visible, ONU Mujeres y otras instituciones pueden, además de sugerir, apoyar y acompañar, hacer seguimiento y control social.

Las entidades deben adoptar manuales que protejan a las mujeres que trabajan en y con el Congreso, con reglas de comportamiento que garanticen que ninguna colaboradora esté expuesta a riesgos. En igual sentido, Presidencia debe expedir circulares a ministerios y departamentos administrativos, lo mismo de hacer la Función Pública.

Estos deben dejar claro que hay comportamientos que se deben abolir: cometarios, insinuaciones, contacto físico, invitaciones personales… todas las que no tengan que ver con asuntos profesionales. Y en las que media el poder y por tanto no son consentidas, entre muchas otras conductas, son prácticas inaceptables que todos y todas debemos combatir, denunciar y acabar.

El trabajo que se adelante debe ser cuidadoso para que la protección a la mujer no se convierta en una barrera de acceso para ella —especialmente para la mujer joven— a los lugares de toma de decisiones. Pero debe hacerse de tal forma que la carga de las medidas recaiga en los acosadores y en quienes los toleran o no han hecho nada, no en las mujeres o en las víctimas. Sabemos de la buena voluntad e interés de servidores públicos en este y anteriores gobiernos y congresos. Siendo sinceros, siguen siendo demasiado pocos, pero sus esfuerzos han sido, son y serán valiosos. No obstante, llegó la hora de hacer más.

A las mujeres siempre se les pide que denuncien sin pensar en la exagerada carga que ya soportan, en la falta de canales, en lo difícil y demorado que será, en las persecuciones y cuestionamientos que vendrán tras su denuncia. No será mejor que le exijamos a los acosadores que se detengan, no será mejor exigir a la sociedad y al Estado medidas de protección y garantías reales, porque repetimos, las denuncias ayudan, pero, si nadie escucha, no sirven para nada, y eso es lo que ha pasado siempre: que nadie escucha mientras se exigen denuncias, así que creemos que llegó la hora de actuar con medidas como las que proponemos. Las denuncias llegarán cuando las mujeres se sientan suficientemente respaldadas.

A las mujeres, un mensaje de aliento: denuncien, alcen la voz, obliguen a las instituciones a volcarse en materializar su derecho a una vida libre de violencias. Esto, por supuesto, se hace desde la dignidad que da la fortaleza de las ideas y las convicciones, no usando la violencia. A los agresores, no encontraron refugio ni paz, no importa cuán poderosos sean, cuanta capacidad de extorsión tengan o cuanto puedan retrasar o dilatar la adopción de medidas. Estamos decididas: esforzarse, buscar, encontrar y no ceder.

Nuestras leyes no las seguirán haciendo acosadores.