Colombia y Panamá comprometidas con la protección de DDHH en la frontera

Constantes casos de vulneración y violación a los Derechos Humanos de las personas en condición de migrantes, situados en la frontera entre Colombia y Panamá, llevaron a las Defensorías de ambos países a comprometerse, mediante una carta de entendimiento, para fortalecer las medidas de prevención y generar las alertas tempranas para resolver las problemáticas fronterizas.

Por su parte, el defensor del Pueblo en Colombia, Carlos Camargo, recalcó que las alertas tempranas permiten implementar acciones inmediatas para prevenir las violaciones a derechos humanos o cualquier acto que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las comunidades. Además, reiteró la importancia del acuerdo binacional para proteger a los migrantes en la frontera común.

Este acuerdo binacional es una herramienta clave para generar alertas y proteger a las poblaciones más vulnerables en la frontera común, de manera particular de los migrantes.

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Entretanto, el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, destacó el compromiso entre las dos naciones “para desarrollar estrategias institucionales en materia de derechos humanos y DIH, en especial cuando se refieran a los derechos de los migrantes, promoviendo la cooperación directa entre las dos entidades nacionales de DDHH”.

Amenazas para los migrantes en la frontera

Las redes de narcotráfico y trata de personas son unas de las principales amenazas que enfrentan los migrantes que se ubican en zonas fronterizas, esperando llegar a zonas de Centro o Norte América.

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Frente a este tema, Carlos Camargo indicó que principalmente, niños, niñas y adolescentes se ven enfrentados a situaciones de explotación sexual e instrumentalización para el tráfico de drogas, para lograr pasar de Colombia a Panamá por el Tapón del Darién. Asimismo, según Unicef, en 2021 cerca de 19.000 menores de edad pasaron por la zona de la frontera, la mitad de ellos menores de 5 años.

Para contrarrestar esta situación, las Defensorías esperan cumplir objetivos relacionados con intercambio de experiencias en materia de innovación tecnológica y metodológica; prevención, promoción y garantía de los derechos humanos con enfoque de género; e identificación de problemáticas comunes y medidas de solución para la atención de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

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